Recrudecimiento de la violencia, reclutamiento de niños e incremento de minas antipersona, lo que reveló el informe de la MAPP-OEA en Colombia

Este 16 de diciembre, la Misión de Apoyo al Proceso de Paz en Colombia de la Organización de los Estados Americanos (MAPP-OEA) presentó ante el Consejo Permanente de la Organización su vigésimo noveno informe semestral, en el que evidencia los impactos que tuvo la pandemia del covid-19 en las dinámicas de violencia armada y construcción de paz en el país durante el primer semestre de 2020.

El texto evidencia graves hechos de violencia que se presentaron en el país aún cuando la población se resguardaba por la emergencia sanitaria del coronavirus. “La ocurrencia de homicidios en los departamentos de Antioquia, Arauca, Cauca, Córdoba, Nariño, Norte de Santander y Valle del Cauca son motivo de profundo rechazo por la victimización que este tipo de hechos siguen generando sobre la población civil”, señaló la MAPP-OEA.

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Así mismo, expone que en las zonas de frontera de Arauca, Chocó, La Guajira, Nariño, Norte de Santander y Putumayo, se presentaron escenarios de confrontación y recrudecimiento de acciones violentas por parte de grupos armados ilegales para el control migratorio y pasos fronterizos informales, incrementando su influencia en zonas limítrofes y reconfigurando rutas y condiciones para el tránsito de personas y mercancías por pasos no autorizados.

El informe muestra además que, ha habido un incremento de la instalación de minas antipersona y trampas explosivas en corredores de movilidad y zonas de narcoactividad. Igualmente, persisten las dinámicas de vinculación, reclutamiento forzado, uso, utilización y violencia sexual contra niños, niñas y jóvenes por parte de grupos armados ilegales que afecta con gravedad los derechos de la niñez y la juventud en Colombia.

Sobre las minas antipersona, el informe detalló que en los departamentos de Antioquia, Chocó, Nariño y Norte de Santander se percibe un incremento en la instalación de este tipo de artefactos y de municiones sin explotar, producto de la confrontación armada entre grupos armados ilegales; mientras que en Cauca, Antioquia y Putumayo, como estrategia para la protección de cultivos ilícitos.

La OEA destacó el trabajo realizado por la Oficina del Alto Comisionado para la Paz para avanzar en la descontaminación de territorios con presencia de minas antipersonal.

Casos de torturas y asesinatos de líderes sociales por parte de Los Caparros y el Clan del Golfo

Sobre el asesinato y hostigamiento que viven los líderes sociales en Colombia, la Misión de Apoyo al Proceso de Paz de la OEA, retrató cómo en el Bajo Cuaca se conocieron casos de torturas y asesinatos de liderazgos comunitarios por parte de Los Caparros y las AGC/Clan del Golfo, dos grupos paramilitares.

Por su parte, en el departamento del Cauca, se han monitoreado múltiples formas de violencia por parte de grupos disidentes o residuales de las Farc-EP y el ELN, incluyendo hostigamientos, intimidaciones, secuestros, amenazas, desplazamientos forzados y homicidios que han cobrado la vida de lideres, autoridades étnico-territoriales y también de sus familiares.

Los grupos que estarían asesinando a los exFarc

En el informe de la OEA, también se muestra un panorama poco alentador para los desmovilizados de las Farc. En los territorios se señalan como principales responsables de asesinatos y amenazas a los grupos disidentes, el Clan del Golfo, EPL/Los Pelusos y el ELN.

“Respecto a los 239 casos de homicidio, tentativa de homicidio o desaparición forzada a reincorporados de las extintas FARC-EP registrados por la institucionalidad hasta el 10 de junio de 2020, la Fiscalía General de la Nación reporta un avance en el esclarecimiento del 43,93%. Esta cifra presenta una leve variación en la tasa de esclarecimiento reportada en el semestre anterior. Hasta la fecha, la mayoría de los casos se encuentran en etapa de indagación e imputación de cargos”, explicó la MAPP-OEA.

Recomendaciones el Gobierno Nacional

Una de las primeras recomendaciones que le hace la organización internacional al gobierno de Iván Duque, es hacer seguimiento y evaluar el impacto de la política pública y criminal para el desmantelamiento de las organizaciones criminales responsables de afectaciones contra liderazgos sociales, defensores y defensoras de los derechos humanos, y participantes de la implementación del Acuerdo de Paz.

Así mismo, continuar y ampliar la implementación de estrategias de desminado a nivel territorial que refuercen las estrategias de prevención y la creación de mecanismos de denuncia, bajo el principio de confidencialidad.

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Frente al reclutamiento, invitó al gobierno a incentivar en las administraciones municipales la inclusión, en los planes de desarrollo, de la política de prevención del reclutamiento, utilización, uso y violencia contra los niños, niñas y adolescentes por parte de grupos armados organizados y grupos delictivos organizados, que incluya rutas de prevención y de respuesta urgente.

Conozca el informe completo aquí: