Algunos sectores políticos le temen a la verdad en Colombia: presidente de la JEP

En diálogo con El País de España, Eduardo Cifuentes, presidente de la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP), reiteró el carácter inderogable del sistema de justicia tradicional, dado su sustento constitucional. Señaló el magistrado que el acuerdo de paz se convirtió en una institucionalidad esencial para la Constitución nacional, pues vela por el derecho y el deber de la paz y el compromiso que adquirió el Estado. Por ello, el referendo planteado por el expresidente Álvaro Uribe, sostiene Cifuentes, no podrña eliminar esta institucionalidad.

Para el presidente de la JEP, el país atraviesa un momento crítico en el que este modelo de justicia eleva muchas expectativas tanto para la comunidad internacional como para las más de nueve millones de víctimas y, por ello, “es objeto de una embestida política por parte de sectores que le temen a la verdad en Colombia”. Pese a lo anterior, recalcó que por primera vez se adelantan procesos de judicialización de los máximos responsables de la violación de derechos humanos en Colombia por delitos como secuestro y ejecuciones extrajudiciales. Estas investigaciones iniciadas hace dos años y medio permitirán determinar los hechos y las conductas para que los responsables admitan la verdad o se sometan a penas de hasta 20 años.

Respecto a las primeras sentencias, señaló que la Jurisdicción está en proceso de verificar los registros judiciales, practicar pruebas y analizar la información con el fin de contrastar las versiones de los excombatientes y las víctimas. Por ello, la evolución de estos trámites no ordinarios requiere de un trabajo intensivo extenso para poder hacer justicia.

Además de los siete macrocasos que abrió la JEP, el presidente indicó que esperan avanzar en la investigación de delitos como el desplazamiento y la violencia sexual. Aun se debe concretar la decisión por parte de la Sala de Reconocimiento, pero el presidente Cifuentes reiteró que la JEP hará justicia por los crímenes atroces que se han cometido en el país.

Asimismo, estableció que el Acuerdo de Paz está siendo afectado con el asesinato de líderes sociales y excombatientes de las Farc-EP, hechos que dan cuenta de la ausencia del Estado en zonas del conflicto. La importancia de su cumplimiento, indicó, trasciende a los gobernantes de turno que no solo están comprometidos a respetar el componente de justicia, sino que deben asumir todos los deberes suscritos. Es necesario que el Gobierno nacional “haga presencia masiva y no deje simplemente unos vacíos territoriales en los que prolifera la violencia incontrolada, el narcotráfico y la minería ilegal”, explicó a El País.

Para que se cumplan los acuerdos, estos deben ser entendidos como un todo que involucra la participación del Estado social de derecho y la reforma rural agraria. El presidente de la JEP destacó que la no repetición de los ciclos de violencia depende, además de la entrega de armas, de actos imprescindibles y permanentes de cumplimiento del Acuerdo.

Respecto al cercano cumplimiento del mandato de la Comisión de la Verdad, que hace parte del sistema integral surgido de los acuerdos, el presidente declaró que el último informe de esta entidad será crucial para ampliar el contexto e identificar patrones y responsables. Este insumo le permitirá a las salas de justicia profundizar en las investigaciones y así “erradicar para siempre la violencia política como medio para llegar al poder y como medio para sojuzgar a los otros”.

Pese a las distintas propuestas de reformar la justicia y eliminar la JEP, el presidente Cifuentes resaltó la institucionalidad democrática del país que ha acertado al crear instituciones como la Corte Constitucional o la Defensoría del Pueblo. Igualmente, declaró que la justicia ha buscado recordarles a los gobernantes cuáles son sus limitaciones y deberes para construir un Estado social justo que no afecte las libertades.