Reconstrucción de San Andrés y Providencia, no tomará 100 días, sino 146

El ‘Plan 100′ del cual el presidente Iván Duque habló el pasado 20 de noviembre para reconstruir en esa cantidad de días las islas de San Andrés, Providencia y Santa Catalina, debido a los estragos ocasionados por el paso del huracán Iota, no será tan 100, sino 146.

Lo planeado por el mandatario del país, que nombró a Susana Correa, directora del Departamento de Prosperidad Social de Colombia, como gerente para la reconstrucción del archipiélago, era comenzar el 10 de diciembre el proceso para cual la designó, pero no se cumplió.

Durante su visita al archipiélago el fin de semana pasado, Duque afirmó que la reconstrucción comenzaría el 1 de enero de 2021 y no como se había planeado, pues no se había logrado la remoción de todos los escombros.

Sus declaraciones, sin embargo, dejaron dudas de si se cumplirá con el cometido de remover los escombros antes de que culmine el año: “Tenemos la ilusión de completar, antes de que se cumpla este mes, toda la remoción de escombros. Al finalizar ese ejercicio podemos ejecutar el ‘Plan 100, que lo vamos a llevar hasta el mes de abril”.

Si se hacen cuentas, las obras de reconstrucción comenzarían 46 días después del paso del huracán (16 de noviembre), por lo que, al sumar los 100 días que, se supone, durará el levantamiento de las viviendas y las intervenciones en infraestructura, el archipiélago quedaría reconstruido en 146 días.

Por supuesto, el mandatario hace cálculos de 100 días partiendo del momento en que se coloque el primer ladrillo en un vivienda. No obstante, en la cotidianidad de los habitantes que tuvieron que padecer el Iota, ya han transcurrido 30 días, y puntualmente de reconstrucción, nada de nada.

El Balance de los estragos y las proyecciones que se tienen

Casi un mes después del pasó del huracán que llegó a ser de categoría 5, la máxima clasificación, el Gobierno nacional entregó el informe completo de Evaluación de Daños y Análisis de Necesidades en el archipiélago de San Andrés.

De las 1976 viviendas afectadas en el archipiélago, 908 están totalmente colapsadas, 935 cubiertas afectadas y 133 sin afecciones. Lo que afirmó Susana Correa, el 24 de noviembre pasado, fue que construirían 1.200 casas nuevas (antisísmicas y antihuracanes), con una inversión de $139.000 millones. Habrá que esperar al final de los ‘100 días si se cumple’.

De acuerdo con el informe, el colapso de la viviendas se debió a que no hay un plan de ordenamiento territorial concreto, hecho que evidencia el olvido estatal que los pobladores raizales han denunciado durante décadas.

En materia de agua y saneamiento, lo que explica la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres (UNGRD) es que, a corte de 11 de diciembre, fueron entregados 1.247.660 litros de agua con tres plantas de potabilización. Uno de los compromisos del Gobierno fue la inversión de $ 50.000 para la construcción de un alcantarillado pluvial, y así evitar inundaciones en temporadas de invierno.

En Providencia, isla que estuvo incomunicada durante le paso del Iota, ya están en funcionamiento el 65 % de los servicios de voz y datos en Providencia, según la ministra de las TIC, Karen Abidinen. Además, ya operan dos zonas digitales de las diez que se tienen contempladas para la isla.

Jalón de orejas de la Defensoría del Pueblo y la Contraloría

En medio del proceso la emergencia que atraviesa el archipiélago, la gobernación de San Andrés firmó un contrato por $1.550 millones para instalar un alumbrado navideño que, según el documento, busca “la reactivación económica y del turismo, la integración de la población de las islas, la competitividad y el reconocimiento regional, como polo de desarrollo turístico”.

Debido a tal firma, la Contraloría le pidió a la Gobernación del archipiélago información sobre los contratos que se han firmado durante la emergencia causada por el huracán Iota y el del alumbrado, además de realizar una visita especial a la isla. El órgano de control fiscal cuestionó que se celebrara un contrato con tantos ceros a la izquierda, aun cuando los pobladores siguen pasando penurias.

“Con sorpresa nos hemos dado cuenta de la suscripción de este contrato millonario en medio de una emergencia en la que cientos de habitantes de Providencia no tienen techo donde resguardarse de la lluvia”, señaló Luis Carlos Pineda, contralor para la participación ciudadana al portal Asuntos Legales.

En cuanto a la Defensoría del Pueblo, el 8 de diciembre, envió una carta al presidente Duque en la que le solicitó mejorar la atención que se les ha brindado a los habitantes de las islas.

“Resulta necesario mejorar la red de distribución de ayudas, alimentos y agua potable, así mismo las rutas de entrega de medicamentos e información a la comunidad para garantizar la accesibilidad a todos los afectados”, dice el documento firmado por el defensor del pueblo, Carlos Camargo.

En el documento, la Defensoría afirmó que “hay personas que no están en los albergues y se encuentran a la intemperie, debido a la calidad de los plásticos y carpas que son arrastrados por los vientos, situación que reviste especial gravedad ante las fuertes lluvias que aún afecten el archipiélago”.

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