En las últimas horas, el Congreso de la República aprobó un proyecto de ley por el cual se derogarían 10.663 leyes y decretos que actualmente son obsoletos y, algunos, absurdos, pero que siguen vigentes en la legislación nacional, como la ley que prohíbe la importación de ciudadanos chinos al país o la que da cárcel a quien diga una mentira a un párroco.
El proyecto es una iniciativa propuesta por el senador conservador Eduardo Enríquez Maya, quien afirmó al noticiero de Canal 1 que, “en 10 años, se crearon 47 nuevos delitos y en 80 delitos se aumentaron las penas, esa es una forma irregular de legislar. En 29 años de vigencia de la Constitución Política de Colombia, la carta ha sido reformada 52 veces, pero se han presentado 1500 proyectos de reforma constitucional”.
Las razones por las que se derogarán esas leyes son las siguientes:
Por cumplimiento del objeto: 7.518
Por derogatoria orgánica: 1.727
Por no haber sido adoptada como legislación permanente: 496
Por obsolescencia: 444
Por vencimiento del término de vigencia: 314
Por contradicción con el régimen constitucional: 1
Leyes absurdas que siguen operando en la legislación nacional:
Dentro del proyecto de depuración de leyes se advierte la presencia de algunas leyes y decretos que parecen absurdas, pero siguen operando en la legislación del país.
Una de las más absurdas es la Ley 62 de 1887, por la cual se prohibió la importación de ciudadanos chinos para cualquier trabajo en Colombia, ley que aparece en una norma establecida, en ese entonces, a las compañías de ferrocarriles.
Por otro lado, se encuentra la Ley 8 de 1905, en la cual se aprobaron varios decretos legislativos. Sin embargo, lo que destaca dentro de esta ley es que en su artículo 4 establece que “al Presidente de la República se le llamará oficialmente Excelentísimo y Excelencia según el caso”.
Dentro del ‘top de leyes absurdas’ y, como advertencia para los amantes del licor, la Ley 85 de 1916 estableció la suspensión del ejercicio de la ciudadanía por embriaguez habitual. Sin embargo, el artículo 98 de la Constitución establece que la ciudadanía, ejercida desde los 18 años, solo se pierde cuando se renuncia a ella.
En las leyes aparece el nombre de Cecilio Torres, nadie recuerda quién fue, pero, eso sí, según la Ley 56 de 1878, se ordena educar por cuenta de la Nación a todos sus hijos.
El Decreto Legislativo 623 de 1955, por su parte, que también saldrá del ordenamiento jurídico si el presidente Iván Duque sanciona el proyecto, establece una condena de 1 a 3 años para cualquier persona que afirme una falsedad o calle la verdad ante un párroco.
La censura a la prensa también está presente en este proyecto, el decreto que se derogaría sería el Decreto 3521 de 1949, en el cual se legisla la censura de la prensa y de la radiodifusión en todo el territorio nacional, en su artículo 1.
También está el Decreto 124 de 1954 con el cual se establece que todas aquellas personas que interpreten sueños, hagan pronósticos o adivinaciones, o por cualquier otro medio abuse de la credibilidad ajena, con fines de lucro, será sancionado con multas de 100 a 500 pesos.
Como estas son muchas otras leyes y decretos que, a lo largo de los años, se han quedado funcionando en el Estado y entorpeciendo el funcionamiento de este.
El proyecto, en un principio, derogaba 10.667 leyes, pero el Presidente de la República objetó el proyecto por cuatro leyes que el mandatario consideró inconveniente derogar, como la Ley 600 de 2000, la cual reglamenta el código de procedimiento penal del país y el Decreto 2666 de 1953 que le dio origen al Departamento Administrativo Nacional de Estadísticas, DANE, después de los ajustes, quedaron 10.663 leyes obsoletas para derogar.
Hace algunos meses el presidente Iván Duque se refirió al proyecto de ley, “dijimos durante la campaña presidencial que teníamos que eliminar leyes inútiles, que teníamos que eliminar regulaciones inútiles que terminaban entorpeciendo el funcionamiento del Estado. En 10 meses logramos sacar adelante la Ley de Depuración Normativa que le quita vigencia a cerca de 10 mil normas inútiles que entorpecían el debido desarrollo de las instituciones, algo que también le hemos cumplido al pueblo colombiano”.
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