Comisión de Acusaciones citó al expresidente de la Corte José Luis Barceló, por la supuesta “chuzada” accidental contra Álvaro Uribe

La Comisión de Acusaciones de la Cámara de Representantes citó a rendir versión libre al expresidente de la Corte Suprema José Luis Barceló, para que responda por las presuntas interceptaciones ilegales al exsenador Álvaro Uribe Vélez.

Guardar

Este martes 15 de diciembre, se conoció que la Comisión de Acusaciones de la Cámara de Representantes citó a una audiencia de versión libre al expresidente de la Corte Suprema de Justicia José Luis Barceló, dentro de la investigación que cursa por la presunta interceptación ilegal contra el exsenador Álvaro Uribe Vélez.

En 2018 se conoció que el alto tribunal terminó interceptando, al parecer por error, el número de celular del expresidente colombiano en el marco de un proceso que llevaba contra el congresista Nilton Córdoba Manyoma por el cartel de la toga.

Lea: Las ocho medidas de Claudia López para enfrentar la pandemia en Bogotá durante diciembre

El denunciante ante la Comisión de Acusaciones, es el representante por el Centro Democrático Ricardo Alfonso Ferro. En el auto de sustentación se lee que el 27 de julio de 2020 se recibieron en la Secretaría de la Comisión las actas de inspección judicial a los procesos relacionados por el investigador José Manuel Sánchez, miembro del grupo de investigaciones con funciones de Policía Judicial adscrito a la Comisión de Investigación y Acusación.

En el mencionado Informe de Policía Judicial, el despacho pudo constatar que dentro del proceso número 51699 se ordenó la interceptación telefónica al abonado del Doctor Álvaro Uribe Vélez, la cual fue ordenada, mediante auto del 7 de marzo de 2018 suscrito por el Magistrado José Luis Barceló Camacho.

En la Comisión de Acusaciones y luego de revisar la información recopilada, “han podido establecer preliminarmente que las interceptaciones denunciadas se efectuaron en el marco de un expediente asignado al despacho del exmagistrado José Luis Barceló”.

Es por eso que citan al expresidente de la Corte, para que rinda diligencia de versión libre con la finalidad de relatar las circunstancias de tiempo, modo y lugar en que se dieron los hechos relacionados, y en consecuencia, vincularlo formalmente a la investigación.

El 11 de septiembre de 2018, El Espectador reveló un documento de la Corte Suprema en el que resalta que no hubo actuación irregular alguna por los investigadores del caso, ni por el magistrado José Luis Barceló, quien ordenó la interceptación:

“De modo que la reclamación además se ofrece irrelevante, puesto que más allá de las suspicacias que postula el recurrente, lo cierto es que la orden judicial de interceptación se libró atendiendo los parámetros legales (…) y que una vez se advirtió que no correspondía al fin inmediato para la que fue autorizada, se canceló, empero ante el hallazgo inevitable con interés para la presente actuación (…) se ordenó el traslado de la prueba”.

Cabe resaltar que la Corte le dijo oficialmente a Uribe que su número fue interceptado porque aparecía registrado, de manera reiterada, “como dato de contacto del Representante a la Cámara” Nilton Córdoba.

El mismo Barceló le dijo a Semana, que apenas se constató que se trataba del celular del expresidente Uribe se dispuso la cancelación inmediata de la intervención a la línea, no obstante, por tratarse de un “hallazgo imprevisto e inevitable” las llamadas fueron trasladadas al expediente contra el exsenador.

Lea: “Mandan huevo”, la reacción de empresario barranquillero tras la propuesta de subir un 2% al salario mínimo en Colombia

A penas se conocieron las interceptaciones, el exsenador escribió en su cuenta de Twitter que no tiene nada que temer e invitó a “los magistrados y los ciudadanos que han escuchado y que ojalá escuchen todas las interceptaciones”.

Las interceptaciones terminaron en el proceso que adelantó la Corte Suprema contra Uribe y que lo llevó a estar detenido en su casa hasta que renunció al Senado y el proceso por presunta manipulación de testigos pasó a la Fiscalía General de la Nación.

Guardar