Alias ‘El Diablo’ fuera de Justicia y Paz

Rafael Antonio Sáenz, un exparamilitar conocido con el alias de ‘El Diablo’, fue expulsado de la ley de Justicia y Paz porque, según ese ente de control, a pesar de haberse desmovilizado hace más de diez años, aún en la cárcel, el hombre seguía delinquiendo. La ley de Justicia y Paz, que le dio beneficios a personas que se desmovilizaran de esos grupos al margen de la ley, siempre y cuando cumplieran con los requisitos de verdad, justicia y reparación a las víctimas, tomó la decisión definitiva que fue resuelta por la Corte Suprema.

“La Sala de Casación Penal de la Corte Suprema de Justicia resuelve: confirmar, en cuando fue objeto de impugnación, la providencia de 4 de mayo de 2018 proferida por la Sala de Justicia y Paz del Tribunal Superior de Bogotá, mediante la cual se resolvió la terminación del proceso de Justicia y Paz adelantado a (…) Rafael Antonio Sáenz Chaparro”, sentenció.

Con la expulsión de su nombre de la lista de beneficiados, alias El Diablo, podría enfrentar una condena superior a ocho años por paramilitarismo.

Ante el Tribunal Superior de Bogotá, el fiscal delegado en el caso explicó que, bajo la causal quinta del artículo 11A de la Ley de Justicia y Paz, alias EL Diablo no tendría ningún tipo de beneficio por parte de ese ente. El funcionario argumentó que Sáenz cometió delitos dolosos, “con posterioridad a su desmovilización”.

La confirmación de su salida llega diez años después. En 2010, alias El Diablo, aceptó haber cometido delitos relacionados con el microtráfico de estupefacientes mientras estaba preso. Sáenz fue descubierto con 36 gramos de marihuana y con papeletas de cocaína en su celda en la prisión de El Espinal, en el Tolima.

Mientras estuvo en las autodefensas, desde 1997, El Diablo delinquía en Monterrey, Casanare, y hacía las labores de patrullero contraguerrilla, radio operador y conductor. En 2003, dos años antes de desmovilizarse, Sáenz ingresó al bloque Centauros de las Autodefensas Unidas de Colombia (AUC).

Para los abogados defensores de El Diablo, la salida de su nombre de la Ley de Justicia y Paz es una desventaja para las víctimas pues, al no estar allí, las condiciones de verdad, justicia y reparación desaparecen. Según un testimonio de la defensa de Sáenz, recogido por el periódico El Espectador, las víctimas “afrontarían la incertidumbre de saber lo que realmente ocurrió”. Ese mismo medio, en sus investigaciones, logró comprobar, que el exparamilitar estaba intentando entrar en la JEP (Jurisdicción Especial para la Paz), ente parecido, pero creado tras la desmovilización de las FARC.

La solicitud le fue negada en agosto de 2019 y, la Sala de Definición de Situaciones Jurídicas le aclaró que, “las personas que hayan participado como combatientes en los denominados grupos paramilitares se encuentran categóricamente excluidos, en razón al factor de competencia personal asignado a la Jurisdicción Especial para la Paz”.

La representación legal de Sáenz asegura que, con su salida de la justicia transicional, sería complicado tener información respecto a los crímenes cometidos dentro de ese grupo armado ilegal, por ejemplo, conocer los lugares donde están los cuerpos de las víctimas de las autodefensas sería una tarea más complicada. La defensa resaltó que, según el Centro Nacional de Memoria Histórica, en los Tribunales de Justicia y Paz se han radicado un total de 22.374 casos de violencia perpetrada por esos grupos.