Polémica por ascenso de general acusado de pagar recompensa por operación en la que murió menor indígena

Yohir Akerman, en su última columna para El Espectador, señaló al actual comandante de la Quinta División del Ejército, general Óscar Reinaldo Rey Linares, de pagar recompensas por una operación extrajudicial en la que murió Nohemí Esther Pacheco Zabata, menor indígena que fue presentada como guerrillera dada de baja en combate. A su vez, el director para las Américas de Human Rights Watch, José Miguel Vivanco, denunció, en días anteriores, que las autoridades deberían impulsar investigaciones contra los generales que recibieron el ascenso dados sus vínculos con los falsos positivos “y no designarlos en los puestos más importantes del Ejército”.

Akerman indicó que, entre 2004 y 2005, el general Rey fue el segundo comandante del Batallón La Popa, en el departamento del Cesar, cuerpo en el que se realizaron 13 presuntas ejecuciones extrajudiciales, según investigaciones de la Fiscalía General de la Nación. El 9 de febrero de 2005, las tropas desarrollaron la ‘Operación Espada’, bajo la misión táctica ‘Fortaleza, que dejó como víctimas a Nohemí Zabata, de 13 años, y a su hermano Hermen Enrique Carrillo, de 23 años, indígenas Wiwa-Kakuma del corregimiento Atánquez, una de las doce comunidades del resguardo Kankuamo.

Según el documento consignado en el Juzgado Segundo Penal revelado por Vivanco, los hechos se presentaron en la vía que conduce a la vereda El Pontón, corregimiento de Atánquez, Valledupar, cuando las víctimas fueron desalojadas de su residencia a las 2:00 a. m por un grupo de uniformados y posteriormente capturados por el Ejército Nacional como miembros del Frente 59 de las Farc-EP dados de baja en combate. El informe señala que Hermen Carrillo portaba un pantalón de uso de la Policía Nacional y le fue incautada una pistola calibre 7.65 mm, tres cartuchos calibre 7.65, un revolver calibre 38 mm, una vaina calibre 38, un revolver hechizo, una granada, un radio, cinco cartuchos 25 mm, un par de botas de caucho y algunas prendas de vestir.

También, asegura el documento que los cuerpos de las víctimas fueron reclamados por sus familiares, quienes aseguraron “que los occisos eran pareja que se dedicaba a las labores del campo y el tejido y no pertenecían a ningún grupo al margen de la ley”. Según Akerman, al día siguiente, Joselino Pachecho, familiar de las víctimas, aclaró que los hermanos no eran guerrilleros y “habían sido sacados de su casa y asesinados a sangre fría en la entrada de su hogar”. También, los familiares denunciaron ante la Defensora del Pueblo que el Ejército no les habían entregado los cuerpos y tampoco esclarecían los hechos del por qué fueron asesinados.

Así, detalló Akerman, el 14 de febrero la Defensoría interpuso la queja a la fiscalía y, al día siguiente, la Justicia Penal Militar le informó al batallón La Popa la apertura de la investigación por la muerte de los indígenas en el corregimiento de Atánquez. El 23 de febrero el entonces ministro de Defensa, Jorge Alberto Uribe, clasificó la muerte como un presunto falso positivo y transmitió la denuncia al Inspector General del Ejército. También fueron informados el fiscal General Luis Camilo Osorio, el comandante de las Fuerzas Militares Carlos Alberto Ospina y el vicepresidente Francisco Santos.

Hasta el 12 de marzo el general Rey fue notificado de la investigación que se adelantaba por las bajas dadas durante la ‘Operación Espada’. Pese a lo anterior, el 23 de marzo, el general firmó un acta en la que recompensaba a los miembros del Ejército por “los excelentes resultados” de la operación. Además, reportó a las víctimas como NNs, aun cuando tenía conocimiento de sus nombres, recalca Akerman. La recompensa, de $500 mil, quedó consignada en el acta No. 058 del folio 018 del batallón La Popa.

El general Rey también fue señalado de viajar junto a José Guillermo Hernández, alias ‘El Ñeñe Hernández, en una de las aeronaves del Ejército cuando el entonces brigadier se dirigía de Aguachica hasta Valledupar para cumplir con una visita a las tropas y acudir a una reunión de seguridad con el gremio de ganaderos y comerciantes del norte del país.