Judicializan a siete personas por vender tierras protegidas en el Pacífico

Este lunes 14 de diciembre de 2020, se conoció que siete miembros de la Comunidad Negra de la vereda La Esperanza, en Buenaventura, Valle del Cauca, fueron judicializados por explotar y vender 124 hectáreas de bosque que les fueron entregadas por el Estado. Deicy Jaramillo Rivera, directora especializada contra las Violaciones a los Derechos Humanos de la Fiscalía, confirmó que los acusados serán vinculadas a un proceso legal por delitos ambientales.

Según información de la misma entidad, estos terrenos están localizados en el corazón de un área de especial protección en el Pacífico colombiano, amparada con medidas cautelares para salvaguardar los recursos naturales y las comunidades que habitan en este sector. A pesar de la importancia del lugar, las investigaciones demostraron que, al parecer, el terreno estaba siendo vendido a foráneos que convertían el espacio en casas de recreación o hoteles con fines turísticos.

Esta actividad es completamente ilegal y según las autoridades, la venta de los terrenos se estaba haciendo a escondidas de las comunidades indígenas más antiguas de la zona.

Los sujetos detrás de la venta de terrenos habrían recibido más de 20 millones de pesos por permitir la construcción de los proyectos urbanísticos. “En ese sentido, por cifras que podrían ascender a los 20′000.000, supuestamente, se arrasaba con la reserva forestal y se permitía el avance de los proyectos urbanísticos en un área de especial protección que, además, estaba amparada con medidas cautelares para salvaguardar los recursos naturales”, confirmó la Fiscalía en un comunicado.

Adicionalmente, la Fiscalía pudo determinar que los implicados no solo vendían terrenos sino que talaban árboles en el área del Consejo Comunitario y transportaban la madera para su comercialización a las ciudades de Buenaventura y Cali y de acuerdo con la investigación, se constató la pérdida de 124 hectáreas de bosque,

“Los elementos de prueba dan cuenta de que el terreno, entregado por el Estado para el beneficio de comunidades nativas, presuntamente era explotado y comercializado ilícitamente por algunos integrantes y directivos de la misma organización”, confirmó en el ente acusador en el comunicado de prensa.

Los capturados son Javier Gamboa Rodríguez, coordinador de la junta directiva del Consejo Comunitario; Robinson Suárez, representante legal del consejo comunitario; Milton Salcedo, vicepresidente del consejo comunitario; Corpolino Rodallega, señalado de ser quien lideró la tala de bosque; Ricardo Angulo y Eduardo Angulo, responsables de preparar los terrenos; y Heriberto Riascos Román, presunto coordinador de tierras.

La Fiscalía les imputó los delitos de concierto para delinquir, aprovechamiento de los recursos naturales, daño en los recursos naturales, invasión de área de especial importancia ecológica y explotación de yacimientos mineros. Los acusados fueron cobijados con medida de aseguramiento no privativa de la libertad y seguirán vinculados a la investigación, por la tala del bosque nativo.

Este resultado hace parte de los lineamientos definidos en el Direccionamiento Estratégico 2020 -2024 de la Fiscalía, el cual contempla la priorización de los casos relacionados con daños y afectaciones a los recursos naturales.

Vea también: