Luego de la polémica firma de un contrato de $1.550 millones para la adquisición de decoraciones navideñas por parte de la Gobernación de San Andrés, la contraloría puso sus ojos sobre el archipiélago que fue golpeado por dos huracanes en noviembre. La prioridad en la inversión de los recursos fue la premisa principal, y ahora, la Procuraduría General de la Nación se une para verificar las condiciones en las que está la isla y si los recursos están siendo utilizados para lo que realmente importa tras una tragedia como esa.
“Con sorpresa nos hemos dado cuenta de la suscripción de este contrato millonario en medio de una emergencia en la que cientos de habitantes de Providencia no tienen techo donde resguardarse de la lluvia”, explicó el Contralor Delegado para la Participación Ciudadana, Luis Carlos Pineda Téllez, en su visita de supervisión.
Fernando Carrillo Flórez, procurador General, aseguró que los próximos miércoles 16 y jueves 17 de diciembre, liderará jornadas de trabajo que irán a las zonas afectadas para evidenciar si se ha cumplido con lo prometido por el Gobierno nacional y departamental respecto a la reconstrucción de San Andrés, Providencia y Santa Catalina.
El itinerario que tiene en planes Carrillo, dividido en dos días, empezará el miércoles de la mano de la Procuraduría Regional, donde se definirá si el Ministerio Público está en la capacidad de continuar con el proceso de vigilancia del uso de recursos públicos o si es necesario empezar con la imputación de procesos disciplinarios en caso de hallar irregularidades, como la compra de luces y adornos navideños que se denunció en días anteriores.
El jueves, el Procurador se reunirá con la comunidad raizal, quienes desde que se anunciaron ayudas gubernamentales mostraron su interés en ser parte de la reconstrucción. El objetivo será escucharlos para asegurarles que las intervenciones, además de cumplir con las normas de sismoresistencia y logren mantenerse en pie en caso de fuertes vientos, respeten la cultura de la población isleña y garanticen la protección del medioambiente.
Con la llegada del Procurador, el gobernador del archipiélago de San Andrés, Alen Leonardo Jay Stephens, deberá tener listo un informe que ya fue solicitado por el ente de control a cargo de Carrillo. Allí tendrán que estar especificados los movimientos hechos con los recursos otorgados por el Estado destinados a la ayuda humanitaria en la región.
La Procuraduría, además del contrato por más de $1.000 millones, tiene sospecha de la ejecución de otras acciones irregulares de las que esperan adelantar investigaciones en los próximos días.
“En sesión de trabajo con el mandatario, la Procuraduría indagó por el objeto del Convenio Interadministrativo con la Empresa de Servicios Públicos de Sabaneta E.S.P., por 1.550 millones de pesos, para el alumbrado navideño y otros contratos que llamaron la atención del Ministerio Público, por el tiempo tan corto previsto para su ejecución”, explicaron delegados de ese ente.
En las reuniones también estarán el alcalde de Providencia, Norberto Gari Hooker; la personera de Providencia, Nathalie Lever; el director de Coralina, Arne Britton González; el equipo de la Gerencia para la Reconstrucción del Archipiélago de San Andrés, Providencia, Santa Catalina y los cayos; representantes de la Unidad Nacional de la Gestión de Riesgos de Desastres y del ministerio del Interior.