Recientemente, la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP) excluyó 3.736 solicitudes de personas que, haciéndose pasar por excombatientes de las FARC o actores del conflicto, querían acogerse al sistema de justicia transicional que tiene amnistías y algunos ‘beneficios’ para quienes reconozcan sus delitos.
La encargada de realizar esa labor es la Sala de Amnistía o Indulto de la JEP, que se encarga de hacer filtros, evaluar y clasificar quiénes sí pueden hacer parte de los beneficios de confesar sus crímenes. Esta ardua labor la realizan al menos seis magistrados quienes, incluso, desde antes de ser nombrados en la JEP, ya tenían cientos de casos que juzgar y evaluar.
En diálogo con el diario El Tiempo, uno de los magistrados, quien según el medio no quiso revelar su identidad, afirmó que dentro de los casos que han evaluado hay personas con cargos que no tienen nada que ver con la JEP. Según la fuente, incluso han rechazado a personas con cargos de demandas por alimentos, violencia intrafamiliar y sexual, feminicidios, secuestros, entre otros, quienes deben acoplarse a la justicia ordinaria y no a quienes se encargan de juzgar a quienes estuvieron inmersos en el conflicto armado colombiano.
El magistrado reveló que, incluso, hay personalidades políticas como el exalcalde de Bogotá, Samuel Moreno y su hermano Iván, quienes están tras las rejas por el carrusel de la contratación en Bogotá. Además, de Janer Solis, quien fue imputado por matar a una mujer que no quiso bailar con él en Bogotá. La fuente le reveló al periódico que “de las más de 4.000 personas que han buscado amnistías, solo 277 (el 7.9 por ciento) la han conseguido”. Otra de las magistradas aseguró que en Colombia hay muchas personas sin escrúpulos que lo único que quieren es sacar provecho de las amnistías que posee la JEP con “la falsa idea de que no estudiamos con detalle los expedientes, o que creemos solo lo que la persona nos dice” .
Por otro lado, la JEP explicó cuáles son los requisitos que deben cumplir quienes quieran someterse a las amnistías que tiene la Jurisdicción. De acuerdo con la Sala de Amnistía se debe contar con material probatorio que evidencie relación con el conflicto armado; además, que los crímenes cometidos sean por un exguerillero de las FARC y cuente cuál fue la decisión de su participación en ese grupo armado y que los delitos cometidos se cometieran antes de diciembre de 2016, meses después de la firma del acuerdo de paz entre el Gobierno Nacional y las FARC.
Sin embargo, los magistrados recordaron y aclararon que no habrá amnistías para las “violaciones sexuales, la desaparición forzada, el reclutamiento de menores, desplazamiento forzado, toma de rehenes o los crímenes de guerra y delitos de lesa humanidad”.
Dentro de los casos más mediáticos en los que se pidió amnistía de la JEP y que no tienen que ver con el conflicto armado, El Tiempo conoció que está el de los culpables del asesinato de la senadora Martha Catalina Daniels Guzmán, quien fue asesinada por Sandra Lucrecia Daniels, su hermana, Pedro Antonio López Soto y José Salvador Jiménez Ornero. De acuerdo al diario, la muerte ocasionada por la propia hermana de la senadora fue por “interés personal”, lo que de inmediato fue excluido por la JEP.
Por otro lado, la JEP negó la amnistía de dos de los secuestradores de Marta Martínez García, sobrina nieta del premio Nobel de Literatura, Gabriel García Márquez. De acuerdo a la fuente consultada por el medio colombiano, el suceso se cometió en el año 2018 por lo que queda fuera porque aparte de no ser relacionado con el conflicto armado, es atemporal con las fechas que permite la JEP (1 de diciembre del 2016).
Además, según los magistrados en conversación con el diario bogotano, hay al menos 21 casos que están siendo evaluados para ser expulsados. La JEP expulsó a Iván Márquez, Jesús Santrich y otros guerrilleros que se rearmaron, de acuerdo con ellos, en contra del Gobierno Nacional y fundaron la Nueva Marquetalia.
Estos son solo algunos de los miles de casos que los magistrados de la JEP han rechazado y que hacen recordar las amnistías que sí se permitieron en la Ley de Justicia y Paz de 2005, donde delincuentes de todos los orígenes se hicieron pasar por paramilitares para reducir sus penas.