JEP aplaza la audiencia de Timochenko tras su hospitalización

El exlíder de las Farc Rodrigo Londoño Echeverri, alias Timochenko, no asistirá este viernes 11 de diciembre a la audiencia pública ante la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP) por el magnicidio del político conservador Álvaro Gómez Hurtado debido a que presenta síntomas aparentes de covid-19, según señalaron sus abogados.

Mediante un documento emitido el 9 de diciembre, la defensa del actual presidente del partido Farc, manifestó que el compareciente “presenta un malestar general y síntomas aparentes de covid-19” por lo cual solicitaron ante el Tribunal de Paz aplazar la audiencia “hasta que mejore su estado de salud”.

Por tal razón la JEP aceptó la solicitud y aplazó la diligencia de aporte de la verdad de Rodrigo Londoño, que estaba programada para este viernes desde las 9 a.m. y que se reprogramará cuando se conozca que el estado de salud del excomandante de la guerrilla de las Farc haya mejorado.

Esto con el fin, de que su estado de salud le permita asistir a la diligencia de manera presencial o virtual.

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Así lo informó el magistrado de la Jurisdicción Especial para la Paz, Iván González Amado, al finalizar la audiencia del exjefe de esta guerrilla, Carlos Antonio Lozada, alias “Julián Gallo”, por los crímenes del líder conservador y Hernando Pizarro León-Gómez, José Fedor Rey, Jesús Antonio Bejarano, Fernando Landazábal Reyes y Pablo Emilio Guarín, por los que también tendrá que responder.

Este jueves 10 de diciembre, se llevó a cabo la diligencia de aporte a la verdad de Julián Gallo, conocido como Carlos Antonio Lozada, ante la Jurisdicción Especial para la Paz. El exguerrillero y hoy senador de la República, confesó detalles de los crímenes del líder conservador y de los otros cinco asesinatos.

Gallo afirmó que ordenaron el magnicidio de Álvaro Gómez porque, durante su paso por el Senado, este impulsó la ofensiva militar contra los lugares de asentamiento de algunos campesinos, bajo el argumento de que habían “repúblicas independientes”. Estas zonas fueron El Pato, Sumapaz; Riochiquito, en la región del Ariari; el municipio de Planadas en el Tolima y en el Vichada.

“Reconocimos a Álvaro Gómez Hurtado como una de las personas responsables de haber desatado un conflicto que se prologó por más de 53 años”.

En su testimonio, el senador especificó, una vez más, que la Red Urbana Antonio Nariño (Ruan) fue quien la encargada del magnicidio el 2 de noviembre de 1995 y dijo que la acción fue coordinada y dirigida por alias Danilo, abatido el 23 de octubre de 2005 por la Policía Nacional entre los municipios de Pasca y Arbelaez, Cundinamarca. Federico Quesada, alias Chayanne; alias Freddy y alias Sebastián acompañaron la operación contra el líder conservador. El primero murió al otro día de la masacre de Mondoñedo cuando salía de su casa a manos de un grupo encargado de la Dijín, según el ahora senador Gallo.

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Alias Freddy habría sido una de las víctimas asesinadas e incineradas el 6 de septiembre de 1996 en Mondoñedo. Por su parte, alias Sebastián desertó de la red urbana y, de acuerdo a su testimonio, no conocen de su situación actual. Gallo recalcó que solo participaron estas cuatro personas.

“El operativo se desarrolla cuando, por información de algunos contactos, se conocen los horarios de clase del doctor Álvaro Gómez en la Universidad Sergio Arboleda y luego se le comunica al comandante Jorge Briceño, alias el Mono Jojoy, quien da la orden. Cuando se tuvo la información y, como estaba próximo el inicio de periodo de vacaciones, se aceleró la ejecución del hecho. Eso no fue ni en un mes”, confesó el exguerrillero.

Los demás casos

En el caso de Fernando Landazábal Reyes, el excomandante guerrillero dijo que el asesinato estuvo a cargo de Javier Paz, también de la red urbana Antonio Nariño y de otros dos guerrilleros. Además, explicó que “era un objetivo, no solo por haber sido General de la Republica, sino por ser considerado un ideólogo de la guerra contrainsurgente que no se limita contra las estructuras armadas, sino que desde la dirección de las Fuerzas Armadas se ha incorporado el asesinato de lideres sociales, líderes de izquierda, como los asesinatos sistemáticos por parte de militares a la Unión Patriótica”.

Con respecto al asesinato de Jesús Antonio Bejarano, cometido el 15 de septiembre de 1999, alias Carlos Antonio Lozada explicó que no tenía mucha información porque fue perpetrada por una estructura denominada como Joselo Lozada, que él no comandaba. Para la guerrilla de las Farc, Bejarano era “considerado una persona responsable, en su condición de vocero, de la organización del Gobierno en Caracas, de entorpecer el proceso de contrucción del acuerdo de paz. Las Farc sabían que Bejarano había recibido ordenes del Gobierno (en cabeza de Belisario Betancur) de evitar una acuerdo con la coordinadora guerrillera Simón Bolívar.

El excomandante también se refirió al asesinato de José Fedor Rey y Hernando Pizarro. Explicó que este último fue integrante de las Farc, puntualmente de la coordinadora guerrillera Simón Bolívar, pero que terminó de segundo al mando de la columna Ricardo Franco, considerada una estructura disidente y liderada por José Fedor Rey. Ambos, según su testimonio, infiltraron la guerrilla de las Farc con menores de edad para generar una aparente rebeldía masiva y crear un conflicto interno dentro de la organización. A partir de esto, las Farc los declararon objetivo militar y los dieron de baja. A Pizarro lo asesinó la Ruan, en cabeza de Lozada.

Este explicó que sobre el caso del asesinato de Pablo Emilio Guarín, cometido en 1987, no tiene mayor conocimiento porque no estaba en sus filas, pero explicó que era objetivo militar de las Farc por hacer parte de un bloque paramilitar en el Magdalena medio.

En todos los casos, Lozada dijo que la orden vino de Jorge Briceño porque la idea de ir tras estas personas representaban “decisiones políticas” ya que " lo que no querían era una guerra entre pobres, por eso llevaron la guerra hacia las ciudades por decisión de la dirección de las Farc”, buscando un impacto en las élites que “usan la guerra como herramienta política”.

El exguerrillero dijo que hasta 1990, las órdenes las daba Jacobo Arenas, luego la responsabilidad la tuvo Alfonso Cano y, después de la octava conferencia del grupo guerrillero, pasó a ser liderada por los bloques de las Farc, responsables de la zona.

Entre las armas que usó la Ruan, según Lozada, fueron pistolas 9mm, subametralladoras MP5, fusiles Galin y de infantería.

En un espacio de preguntas, Fernando Junior Landeazábal, hijo del general Landeazábal, dijo que encontraba inconsistencias en el relato del excomandante guerrillero y afirmó que no esperaba más de él porque “no era miembro del secretariado de las Farc, entonces todo lo que dice se basa en suposiciones”.

Landeazábal dijo que no entendía por qué si llevaban un tiempo estudiando los movimientos de su papá, no sabían quién les entregó una tarjeta personal que terminó siendo clave, según Lozada en su testimonio, para ubicar al exmilitar.