Concejo de Bogotá no aceptó la objeción de Claudia López al proyecto de Emergencia Climática

Este jueves 10 de diciembre, el Concejo de Bogotá decidió rechazar las objeciones parciales que hizo la alcaldesa de la capital, Claudia López, al proyecto de Emergencia Climática. Aunque de las cincuenta estrategias planteadas la mandataria sólo está en desacuerdo con un punto del documento, el 4.13, 42 concejales votaron para rechazar su intención de modificar la cláusula de la discordia.

El punto en discusión estipula que “a partir del 1 de enero de 2022, el Distrito Capital no podrá adelantar procesos de adquisición de la flota de transporte público, cuya base de movilidad esté soportada en el uso de combustibles fósiles. Lo anterior aplica para todos los componentes de la flota zonal o troncal del transporte público”. La intención de la alcaldía, en cabeza de López, era ampliar un año más el plazo en el que empezaría a regir esa norma, es decir, que se hiciera efectiva desde el 1 de enero de 2023.

El Concejo negó el cambio de fecha de la cláusula, pero esta se encuentra sujeta a un compromiso entre la entidad y la alcaldía para que juntos concreten soluciones financieras que permitan que Bogotá adquiera solo buses eléctricos a partir de 2022. Se acordó que desde enero del próximo año, ambos organismos deben empezar a trabajar en el proyecto de financiación que funcionará como complemento al punto 4.1.3.

La concejal autora del proyecto, Susana Muhamad (Colombia Humana), desde ya propuso una idea: usar los mismos fondos económicos con los que se tenía previsto comprar buses a diesel (euro V) o a gas. “Insistimos en que primero hay que buscar una reestructuración del modelo financiero para que se haga con los mismos recursos. Hay que innovar y otras ciudades han demostrado que se puede hacer”, aseguró la concejal.

La alcaldía asegura que la cláusula “no se encuentra alineada con el ordenamiento jurídico aplicable” y argumenta que para que se dé el cambio se necesitan hacer ajustes en infraestructura de recarga, tecnologías de buses y estándares de recarga que el Distrito no está en condiciones de proporcionar.

Además, la renovación eléctrica implicaría mayor inversión que asumiría la administración a través del Fondo de Estabilización Tarifaria (FET) 2021-2031, mecanismo encargado de pagar los costos de operación del sistema de transporte que no se logran asumir con lo recaudado con los pasajes. Si no se hace una modificación en el punto, el FET tendría que asumir 4 billones de pesos para poder cumplir la cláusula. Acerca del tema económico, la alcaldía también expone que si la renovación fuera flexible y permitiera el uso de tecnologías a gas, el costo sería de 1,2 billones, es decir, se ahorrarían 2,8 billones.

El gerente de TransMilenio, Felipe Ramírez, apoya la modificación planteada por la Alcaldía de Bogotá y asegura que, aunque se está trabajando por hacer cambios en pro del ambiente, no es posible tenerlos listos para 2022 ya que es muy apresurado. “Es necesaria la tecnología eléctrica y sí queremos ese cambio. Pero es importante reconocer con verdades que la tecnología es más costosa: tenemos que trabajar no cómo en no tener esos buses, sino cómo buscamos los recursos para tener ese espacio fiscal y dar el paso”, indicó Ramírez.

La concejal Muhamad debate los argumentos económicos expuestos por la alcaldía y asegura que, en el largo plazo, los buses eléctricos terminan siendo más rentables.

“La idea es entender que el bus eléctrico cuesta más en cuanto a la inversión, pero menos en su mantenimiento. Además puede operar en el sistema 15 años, mientras que el bus diesel solo puede operar 10 años. Cuando se ponen juntas estas condiciones se da cuenta que es mucho menor el costo de los buses eléctricos y esto debería redundar en bajar la tarifa a los usuarios o los costos para pagarle a los operadores”, asegura Muhamad.

Quienes defienden este proyecto de Emergencia Climática dicen que este punto no es debatible ya que es clave para la transición energética y la reducción de gases efecto invernadero, factores que el Distrito se comprometió a reducir en un 50 por ciento para 2030.

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