Víctimas del Urabá exigieron la verdad a despojadores de tierras que quieren acogerse a la JEP

La comunidad de Tulapas, región geográfica del Urabá antioqueño comprendida por 58 veredas de los municipios de Turbo, Necoclí y San Pedro, escuchó que los despojadores de tierras del Fondo Ganadero de Córdoba, mancomunados con la extintas Autodefensas Unidas de Colombia (AUC), les pidieran perdón. Sucedió en la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP), ante la cual seis exintegrantes del fondo solicitaron cupos para acogerse. Las víctimas hicieron una exigencia: verdad.

Quienes pidieron acogerse a la JEP son Benito Osorio Villadiego, Jaime García Exbrayad, Carmelo de Jesús Esquivia, Luis Gallo Restrepo, Marco Furnieles Salgado, Sor Teresa Gómez y Benito Molina Velarde, integrantes de la junta directiva del Fondo Ganadero de Córdoba entre 1997 y 2008, lapso en que más de 130 familias campesinas del Urabá fueron despojadas de sus tierras.

A corte de 1999, 105 predios de Tulapa habían sido legalizados de forma fraudulenta tras el despojo de sus legítimos propietarios. De hecho, en 1998, Sor Teresa Gómez, la mujer más cercana y poderosa del clan Castaño, hoy privada de la libertad en la cárcel El Buen Pastor, recibió dinero del fondo ganadero por su intermediación en la legalización de tierras y el desplazamiento de los pobladores rurales.

Pese a los declaraciones de algunos miembros del fondo ganadero, de que tienen dinero, pero no lo destinarán a las víctimas, estas se mantienen en que los único que quieren es el esclarecimiento de la verdad sobre los actos de violencia en el Urabá. Eso y que regularicen las escrituras de los predios de ellos, para que puedan ser entregados a quienes fueron forzados a desplazarse de ellos.

“No estamos pidiendo dinero. Estamos pidiendo verdad, justicia y otras formas de reparación. Quiero saber por qué entraron a Tulapas masacrando gente, atemorizando y amedrentando a la población”, dijo una de las víctimas.

Por su parte, el abogado de la Fundación Forjando Futuro, que apoya a las víctimas, pidió a la JEP que, de acoger a los seis de los siete solicitantes —puesto que uno ya fue aceptado—, les exigiera no solo pedir perdón a las víctimas, sino repararlas con hechos concretos, uno de ellos, la verdad.

“En años de lucha, las víctimas solo han recibido discursos emotivos, llenos de contenido, pero nada de hechos concretos (...). En la actualidad, el Fondo Ganadero de Córdoba, a través de su agente liquidador, sigue ejerciendo las veces de opositor en los procesos iniciados por las víctimas, con argumentos fútiles, mentirosos y mezquinos, como que actuaron con la creencia de que adquirieron los predios legítimamente”, manifestó el abogado.

Los victimarios anunciaron reparaciones y pidieron perdón

En cuanto a los victimarios, uno de ellos, Luis Gonzalo Gallo Restrepo, manifestó que presentó una solicitud puntual para reparar a quienes padecieron sus alianzas con grupos paramilitares. “Este es un caso emblemático de cómo las empresas, en zonas de conflicto, tienen que tratar a futuro de operar para que estas cosas no se repitan”, dijo ante la JEP.

Sor Teresa Gómez pidió “perdón a las víctimas por todo lo que pasó allí, así directamente o indirectamente, conociendo o no, pido perdón por todos los actos criminales que ellos cometieron”. Según ella, el origen de las AUC estuvo fundamentado en apoyar a los campesinos, si bien con el transcurrir del tiempo “perdieron el horizonte”.

De acuerdo con el magistrado de la JEP Pedro Elías Díaz, “los comparecientes serán llamados a diligencia por la Sala de Definición de Situaciones Jurídicas para definir sus sometimientos”.

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