El exsenador Musa Besaile, actualmente detenido en la cárcel La Picota por actos de corrupción, tendría que afrontar un nuevo proceso penal si se confirma que tuvo que ver con el asesinato de dos personas en 2003, hecho que revivió el exparamilitar de Sucre Wilson Anderson Herrera, alias Gafitas, al declarar y aceptar su responsabilidad en el caso, en el que murió una menor en Sincelejo.
Caracol Radio conoció el testimonio que dio Herrera ante una fiscal de Justicia y Paz, en el que recoge lo que pasó el 24 de junio de 2003 en un atentado con arma de fuego en el que murieron Marco Tulio Caro Álvarez y la menor Jineth Marcela Ramírez, quien fue impactada por una bala perdida en la avenida San Carlos de Sincelejo, cuando salía de la Institución Educativa Normal Superior. En el hecho también resultó herido un hombre llamado Gabriel Herrera Velázquez. Según el expara, él ya había admitido su responsabilidad en el caso, pero no había contado los detalles de lo que pasó con este último.
Herrera dijo que Besaile le habría pedido a Wilder Cobo, en ese entonces jefe político de las Autodefensas Unidas de Colombia (AUC), y también al exjefe militar Rodrigo Mercado Peluffo, alias Cadena, que le recuperaran un toro que le habían robado de su finca en Sahagún, Córdoba. La confesión la hizo el exparamilitar en una audiencia virtual de Justicia y Paz con la fiscal Yaneth Cabarcas, el pasado 25 de noviembre. Tanto Cobo como Mercado fueron asesinados después de desmovilizarse de en 2005.
Por su parte, Wilson Herrera, quien estuvo en el Bloque Héroes de los Montes de María de las AUC, está en libertad condicional tras cumplir los 8 años de cárcel que le impartió la Ley de Justicia y Paz por desmovilizarse y contar la verdad.
Hasta ahora la defensa del excongresista no se ha manifestado, reportó el medio.
El pasado 22 de abril la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP) anunció la decisión de aceptar en su competencia al Besaile por los delitos de parapolítica y el Cartel de la Toga. El caso del líder político fue presentado por la Sala de Instrucción de la Corte Suprema de Justicia ante el órgano de paz.
Lo que admitió la JEP fue un presunto concierto para delinquir agravado en el que, al parecer, trabajaron de la manor el exsenador y el Bloque Córdoba de las AUC, ya que existía una relación entre los dirigentes políticos del departamento y los grupos paramilitares. Dijo la Corte que estas relaciones fueron tanto políticas, burocráticas y económicas en favor del grupo ilegal.
El caso fue aceptado porque Besaile no tuvo incidencia directa en las acciones de las AUC, sino en el “contexto social y político generado por las graves violaciones a los derechos humanos y al Derecho Internacional Humanitario”, citó El Tiempo. Es decir, tuvo una relación con el conflicto armado, por lo que entra en su total competencia.
Finalmente la Corte agregó que los hechos que se le imputaron fueron en 1998 cuando el implicado era representante a la Cámara y fue auspiciado por Salvatore Mancuso. También en 2006 cuando fue reelegido.