Este es el desacuerdo entre el Concejo de Bogotá y Claudia López por el proyecto de Emergencia Climática

De las cincuenta estrategias planteadas en el proyecto de Emergencia Climática para la capital, la alcaldesa de Bogotá, Claudia López, solo expuso su desacuerdo en una de ellas. El punto de la discordia es el 4.13, que busca prohibir, a partir del 2022, la compra de nuevos buses que necesiten combustibles fósiles para funcionar. La idea es cambiar, lo más pronto posible, el 100 por ciento de la flota a buses eléctricos. Este jueves 10 de diciembre el Concejo Distrital debe decidir si acepta la objeción parcial de la mandataria.

López busca modificar el punto para ampliar un año más el plazo en el que empezaría a regir esa norma, es decir, que se haga efectiva desde el 1 de enero de 2023. La alcaldía asegura que la cláusula “no se encuentra alineada con el ordenamiento jurídico aplicable” y argumenta que para que se dé el cambio se necesitan hacer ajustes en infraestructura de recarga, tecnologías de buses y estándares de recarga que el Distrito no está en condiciones de proporcionar.

Además, la renovación eléctrica implicaría mayor inversión que asumiría la administración a través del Fondo de Estabilización Tarifaria (FET) 2021-2031, mecanismo encargado de pagar los costos de operación del sistema de transporte que no se logran asumir con lo recaudado con los pasajes. Si no se hace una modificación en el punto, el FET tendría que asumir 4 billones de pesos para poder cumplir la cláusula. Acerca del tema económico, la alcaldía también expone que si la renovación fuera flexible y permitiera el uso de tecnologías a gas, el costo sería de 1,2 billones, es decir, se ahorrarían 2,8 billones.

Cabe aclarar que, según la propuesta expuesta por la secretaría de ambiente, Carolina Urrutia, el plazo de un año está condicionado a que se encuentren esquemas y fuentes de financiación antes del 31 de diciembre de 2021. De no cumplir con lo anterior, el punto se volvería a modificar para que empiece a regir desde enero de 2024.

El gerente de TransMilenio, Felipe Ramírez, apoya la solución planteada por la Alcaldía de Bogotá y asegura que, aunque se está trabajando por hacer cambios en pro del ambiente, no es posible tenerlos listos para 2022 ya que es muy apresurado. “Es necesaria la tecnología eléctrica y sí queremos ese cambio. Pero es importante reconocer con verdades que la tecnología es más costosa: tenemos que trabajar no cómo en no tener esos buses, sino cómo buscamos los recursos para tener ese espacio fiscal y dar el paso”, indicó Ramírez.

La concejal autora del proyecto, Susana Muhamad (Colombia Humana) debate los argumentos económicos expuestos por la alcaldía y asegura que, en el largo plazo, los buses eléctricos terminan siendo más rentables.

“La idea es entender que el bus eléctrico cuesta más en cuanto a la inversión, pero menos en su mantenimiento. Además puede operar en el sistema 15 años, mientras que el bus diesel solo puede operar 10 años. Cuando se ponen juntas estas condiciones se da cuenta que es mucho menor el costo de los buses eléctricos y esto debería redundar en bajar la tarifa a los usuarios o los costos para pagarle a los operadores”, asegura Muhamad.

Quienes defienden este proyecto de Emergencia Climática dicen que este punto no es debatible ya que es clave para la transición energética y la reducción de gases efecto invernadero, factores que el Distrito se comprometió a reducir en un 50 por ciento para 2030.

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