La Sección de Ausencia de Reconocimiento, en el trámite de medidas cautelares de protección de lugares de inhumación de víctimas de desaparición forzada en los municipios del área de influencia de Hidroituango, avanza en establecer la verdad plena sobre lo ocurrido en esta zona del país. Los resultados recientes de las investigaciones reportaron el hallazgo de cinco cuerpos de víctimas por muerte violenta en el cementerio de Orobajo, asentamiento del pueblo indígena Nutabe en el municipio de Sabanalarga, Antioquia, encontrados en el Laboratorio de osteología de la Universidad de Antioquia.
Además, esta sección de la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP) determinó que 2.094 personas fueron víctimas de desaparición forzada en los municipios de Briceño, Ituango, Necoclí, Sabanalarga, Tarazá, Toledo y Valdivia. A partir de lo anterior, el tribunal concluyó que en esta región del país el crimen fue “masivo, generalizado y persistente, al mismo tiempo que, sin duda, lesionó en grado sumo a las comunidades”, según señala en un comunicado.
La base de datos construida por la JEP es resultado del ejercicio de consolidación de la información de seis fuentes: el Centro Nacional de Memoria Histórica; la Fiscalía General de la Nación y sus respectivos sistema de información SIJUF (Sistema de Información Judicial de Ley 600), SPOA (Sistema Penal Oral Acusatorio de la Ley 906 y 1.098) y SIJYP (Sistema de Información de Justicia y Paz de la Ley 975); la Unidad de Atención a Víctimas (UARIV); y la Comisión de Búsqueda de Personas Desaparecidas (CBPD).
Según la JEP, las desapariciones forzadas habrían sido ejecutadas principalmente por grupos paramilitares del Bloque Mineros y el Bloque Metro, los Frentes 18, 36 y 5 de las Farc-EP y por unidades de la fuerza pública.
Los datos recogidos durante la investigación le permiten asegurar a la Sección de Ausencia de Reconocimiento que hubo un incremento inusual de este crimen a partir del primer semestre de 1996 con la irrupción de la AUC en Antioquia, especialmente en los municipios de Cáceres y Tarazá que concentran cerca del 50% de las víctimas. Además, señala que su máxima expresión se dio durante 2001 y 2002, periodo en el que desaparecieron 358 pobladores y su disminución, de manera consistente, se dio a partir de 2010.
Asimismo, la JEP aseguró que avanza en la práctica de pruebas, entre las que se encuentra la inspección área y fluvial a las zonas afectadas por el proyecto de Hidroituango, para continuar con el proceso de contraste de la información recibida en relación con la existencia de lugares de inhumación en su área de influencia.
Los cinco cuerpos de las víctimas encontrados con signos de muerte violenta no han sido identificados hasta la fecha; presentan, además, heridas con arma de fuego, “disparos en el cráneo compatibles con ejecución sumaria y en estado de indefensión”. Este hallazgo se suma a los tres cuerpos encontrados durante el primer semestre 2020. La JEP, especificó en el comunicado, investiga posibles irregularidades en su traslado y manejo. Los ocho cuerpos hacen parte de los 184 exhumados a lo largo de los últimos años por la Fiscalía General de la Nación en los municipios del área de influencia de Hidroituango.
La organización Human Rights Everywhere, red sin ánimo de lucro que investiga fenómenos relacionados con la violación o el ataque a los derechos humanos de las personas, comunidades y los pueblos, presentó, en noviembre, el informe ‘Cartografía de la Desaparición Forzada en Colombia’. Allí, establecieron que solo han sido juzgadas 337 de las 80.472 desapariciones forzadas registradas por el Centro Nacional de Memoria Histórica. Otros 7.770 casos han sido investigados sin ninguna sentencia condenatoria.
Además, la red sin ánimo de lucro, en compañía de organizaciones de víctimas como el Movimiento Nacional de Víctimas de Crímenes de Estado (Movice) y PoderPaz, solicitó a la JEP que se abra un caso colectivo en la justicia tradicional sobre este crimen.