Exigen suspender audiencia pública sobre aspersión con glifosato

Entre el 28 de noviembre y el 3 de diciembre se desarrollaron 17 reuniones informativas previas a la próxima audiencia pública sobre la aspersión con glifosato que se realizará el 19 de diciembre y cuyo objetivo es modificar el Plan de Manejo Ambiental (PMA) del Programa de Erradicación de Cultivos Ilícitos, PECIG. Ante la reanudación de esta discusión por parte de la Autoridad Nacional de Licencias Ambientales, Anla, pues las dos audiencias previas de mayo y septiembre fueron suspendidas porque, según organizaciones ambientales, no se ofrecían verdaderas garantías a las comunidades que se verían afectadas con las fumigaciones, 17 organizaciones sociales, ambientales e indígenas, en cabeza del Colectivo de Abogados José Alvear Restrepo, enviaron una carta para exigir la suspensión de esta nueva audiencia pública.

La carta, enviada al Juzgado Administrativo de Pasto solicita, de manera urgente, cancelar la audiencia que tiene como objetivo definir la estrategia para retomar la aspersión con glifosato en 104 municipios de 14 departamentos del país. Los firmantes hacen énfasis en la preocupación por el desconocimiento de las órdenes emitidas por el juzgado, dado que no se otorgan garantías de participación a las comunidades afectadas. Así, señalan que la Dirección de Antinarcóticos de la Policía Nacional debió informar con antelación el plan que se desplegará durante las audiencias informativas. Pero, enviaron a la Anla el 6 de noviembre la propuesta metodológica sin previo aviso al Juzgado, obviando su deber de informar bajo fechas que debían establecerse con anterioridad. Esta primera razón apela a la debida comunicación del plan detallado, paso a paso, de cómo se cumpliría la orden judicial.

La segunda razón hace referencia a las modificaciones sustanciales por parte de la Anla para la continuidad de los acuerdos que, en su mayoría, serán virtuales. “De 11 espacios presenciales, se pasó a 17, los cuales son insuficientes”, señala en comunicado. Estos encuentros representan solo el 6.24% de los 104 municipios que se verán involucrados en la aspersión con glifosato, lo que reitera las garantías de participación, prácticamente nulas, según los firmantes. Este actuará demás, va en contra del Decreto 1076 de 2015 que establece que “las audiencias ambientales se deben realizar en la sede de la autoridad ambiental competente”, ya sea la Alcaldía municipal, auditorios o lugares estratégicos de la localidad donde se pretende desarrollar el proyecto.

El tercer punto cuestiona el cumplimiento de los espacios de participación en doble vía, dado que solo se habilitarán 17 espacios presenciales con un aforo del 50%, se realizará la transmisión televisiva por el Canal 13 de las primeras horas de la audiencia y vía streaming a través de Facebook y Youtube. Además, como cuarta razón, los firmantes señalan que la magnitud de esta audiencia requiere de la participación de, mínimo, 250 autoridades públicas sin necesidad de inscripción. Por ello, se preguntan si verdaderamente se brindará el tiempo a cada una de las autoridades que hará presencia ypara crear el dialogo genuino de participación que exige la Corte Constitucional.

También aseguran que las comunidades deben aportar pruebas y documentos para la realización de la audiencia que, como punto principal, estipula la participación de personas naturales y jurídicas. Este trámite “solo se podrá hacer de manera presencial”, señalan las organizaciones y se preguntan en qué momento podrán hacerlo. Otro de los puntos que ponen en duda a esta nueva audiencia, es el incumplimiento de las sentencias sobre la violación a los derechos fundamentales que ya había sido sancionado. El ejercicio de estos derechos es gravemente afectado, dado que no se cumple con el enfoque diferencial territorial, étnico y campesino de estas comunidades sujetos de especial protección constitucional.

Asimismo, indican que los 104 municipios en los que se busca reanudar esta actividad “de grave peligrosidad para el ambiente y la salud humana” son, en su mayoría, territorios rurales con graves limitaciones de conectividad, cobertura y calidad de redes de telefonía celular y sin acceso tecnologías de la información, “restricciones que no han sido superadas o subsanadas para esta nueva convocatoria”. El último punto que ponen sobre la mesa es la intervención de 1.133.000 hectáreas de resguardos indígenas en 54 municipios en los cuales habitan 40 pueblos.

Las organizaciones piden a las entidades y organismos de control acatar y vigilar el cumplimiento del fallo de tutela que ampara los derechos de las comunidades. También, hacen un llamado al presidente Duque para que “desista de las fórmulas fracasadas y violentas frente al problema de las drogas” y se acoja al punto 4 del Acuerdo de Paz que traza la ruta eficaz para acabar con las catástrofes del narcotráfico.