Sor Teresa Gómez, la mujer más poderosa de los paramilitares en Colombia, les pidió perdón a las víctimas: este fue su historial criminal

Bajo la fachada de la Fundación para la Paz de Córdoba (Fundapazcor), creada por los hermanos Castaño en los años 90, Sor Teresa Gómez, considerada como la mujer más poderosa de los grupos paramilitares de Colombia, delinquía en Córdoba y Urabá. La mujer, capturada en octubre de 2013, pidió perdón, en las últimas horas, a las víctimas en medio de su citación ante la Sala de Definición de Situaciones Jurídicas de la Justicia Especial para la Paz (JEP) en donde también hicieron presencia otras personas vinculadas en crímenes de despojo de tierras y violencia perpetrados por el paramilitarismo en el país, como Benito Osorio, exgerente del Fondo Ganadero de Córdoba.

“Por eso quiero hoy hacer mi compromiso serio y puntual de esclarecimiento de la verdad, restauración y no repetición. Pido perdón a las víctimas por todo lo que pasó allí, así directamente o indirectamente, conociendo o no pido perdón por todos los actos criminales que ellos cometieron. Les pido perdón de corazón a ellos, al país, a Colombia y a todas las víctimas, a todas ellas”, aseguró Sor Teresa, conocida con el alias de La Negra, que resaltó que las AUC tenían el objetivo de beneficiar a los campesinos del país, pero que habían perdido su horizonte.

Sor Teresa era la esposa de Manuel Gil, medio hermano de Carlos y Fidel Castaño, líderes de las AUC, lo que le permitió ver de cerca y actuar dentro de organizaciones ilegales de esas fuerzas armadas, además de ganarse la confianza de los hermanos, principalmente la de Fidel, según un perfil de la mujer en Revista Semana. La mujer se vio involucrada en casos de extorsión y despojo de tierras de campesinos, sin embargo, el crimen que le significó una condena de 40 años de privación de su libertad fue el asesinato de la lideresa social Yolanda Izquierdo, en 2007.

La señora Izquierdo estuvo denunciando constantemente, luego de la desmovilización de estos grupos armados en 2006, y la muerte de los dos hermanos Castaño, que sus tierras habían sido tomadas por exmilitantes que ahora entraban a ajustar sus cuentas legales con el organismo de Justicia y Paz; alegaba que ella y campesinos despojados de sus propiedades necesitaban respuestas y, principalmente, reparación.

Yolanda Izquierdo fue asesinada en 2007. Un sicario la mató en el antejardín de su casa y dejó herido a su esposo. En abril de ese mismo año se dictó una orden de captura en contra de Gómez por haber sido el cerebro detrás del asesinato, orden que se hizo realidad hasta seis años después tras estar prófuga de la justicia. La Policía y la Fiscalía la buscaron en Tierralta, Nechí, Caucasia, Amalfi, en el Chocó y en Montería sin éxito alguno, hasta que finalmente cayó en Yumbo, Valle del Cauca.

La mujer también amedrentaba con la excusa de velar por el bienestar social y ambiental: “protege este árbol; si no lo haces, recibirás tu castigo”, decía alguno de los panfletos, según el informe de Revista Semana.

Sor Teresa manejaba las finanzas de la Fundación para la Paz de Córdoba, que después se descubrió que funcionaba como una estrategia de los Castaño para lavar dinero que entraba a ellos ilegalmente, hizo cumplir la última voluntad de Carlos Castaño, asesinado en 2004. Carlos fue asesinado por Jesús Ignacio Roldán, alias Monoleche, yerno de Sor Teresa.

La Fundación para la Paz de Córdoba tenía el fin de legalizar las tierras arrebatadas a los campesinos de Córdoba y Urabá, que terminaron en manos del Fondo Ganadero de Córdoba.

Tras desmovilizarse en 2006, Sor Teresa reapareció en las últimas horas para pedirle perdón a las víctimas, perdón al que se unió Benito Osorio Villadiero, exgerente del Fondo Ganadero de Córdoba, quien también está condenado por el despojo de tierras a campesinos que fueron amenazados por paramilitares, “cabizbajo, arrepentido y dolido, de corazón con las víctimas de los hechos ocurridos en Tulapas. (...) Pido perdón de corazón como exfuncionario, como colombiano por primera vez ante las víctimas y esta jurisdicción”.