Corte le advirtió a magistrado Juan Carlos Granados que si no consigue un abogado, el ente le interpondrá uno

Juan Carlos Granada Becerra, excontralor de Bogotá, magistrado electo de la Comisión de Disciplina Judicial y quien fue citado recientemente por la Corte Suprema de Justicia para declarar sobre caso Odebrecht, aseguró que no tiene un abogado que lo defienda. Pese a este pronunciamiento, la Corte aseguró que si Granados no designa en los próximos días a un litigante defensor, la misma entidad le asignará uno público.

Desde el mes de agosto de este año, Granados fue citado a una audiencia que se celebraría ayer, en la que se acusaría por presuntamente beneficiar a cambio de dádivas a la empresa Odebrecht, en la obra de la vía Duitama, que conecta con Charalá y San Gil, cuando fungió como gobernador de Boyacá de 2012 a 2015.

La audiencia sería dirigida por el magistrado Ariel Torres Rojas en la Sala Especial de Juzgamiento de la Corte Suprema y ya tenían preparado todo para transmitir la reunión públicamente. Pero antes de que comenzara el evento judicial, el investigado envió una misiva al ente judicial en el que informaba que el jurista Darío Bazzani, encargado del caso ya no lo representaría.

La razón de la decisión, de acuerdo al pronunciamiento de Granados, es porque no llegó a una concertación sobre los honorarios del abogado que lo representaría, lo que llevó a revocar su poder en el caso. Por otro lado, algunos magistrados revelaron que el investigado también solicitó un tiempo para establecer un nuevo contrato con el abogado en mención, dado que Granados desea que quien lo defienda en este caso, sea de su total confianza.

Después del pronunciamiento del excontralor, de acuerdo a información suministrada al diario El Tiempo, la Corte aceptó la decisión de revocar al jurista como defensor de Granados y aplazó el juicio porque el investigado necesita un defensor, además de estar en el derecho de “contar con un abogado de confianza”. Pero la historia no quedó ahí, el diario bogotano reveló, además, que la Corte le exigió al comisionado electo que debe escoger a alguien que lo defienda en el menor tiempo posible, sino, será el alto tribunal quien le asigne uno y adelantar la audiencia en su contra.

Las reacciones e hipótesis a dicho fallo de la Corte no se hicieron esperar. De hecho, se cuestiona que Granados haya esperado más de 3 meses después de su citación para decir que no llegó a un acuerdo salarial con su abogado. Además, se especula que el investigado planea esperar comenzar con su cargo en la Comisión de Disciplina Judicial para usar su cargo como ‘escudo’ y así no rendir cuentas, en primera instancia, ante la Corte Suprema colombiana.

En contexto sobre el caso Granados-Odebrecht

Juan Carlos Granados Becerra fue citado por la Procuraduría General de Nación a diligencia de versión libre dentro de la investigación que adelanta por el pago de sobornos, en el caso de corrupción que protagonizó la multinacional brasileña Odebrecht, en específico, durante el desarrollo de la obra que comprendió la construcción de la vía Duitama – San Gil y la ampliación de la Planta de Tratamiento de Aguas Residuales del Salitre.

El electo magistrado de la Comisión Nacional de Disciplina Judicial, exgobernador de Boyacá y excontralor de Bogotá, fue citado a la diligencia judicial el próximo 10 de diciembre a las 10 a.m., que se desarrollará por pedido del propio Granados Becerra, quien le solicitó a la entidad pública que lo escuchara nuevamente en el marco del proceso disciplinario que desarrolla actualmente.

Lea también: Gobierno rechaza el proyecto que busca reducir la jornada laboral

Según informó RCN Radio, la “investigación disciplinaria está siendo llevada a cabo por el coordinador del Subgrupo Disciplinario del Grupo Élite Anticorrupción, del Despacho de la Procuraduría Primera Delegada para la Contratación Estatal”.

La emisora a su vez informó que, dentro del marco de la investigación “la Procuraduría General también citó a diligencia de versión libre al exsecretario de Infraestructura de Boyacá, Bernardo Umbarila y al exdirector de la CAR, Alfred Ignacio Ballesteros”.

En los casos de Umbarila y Ballesteros, la indagación se está desarrollando por presuntas irregularidades detectadas en las que Granados Becerra habría tenido participación mientras era gobernador de Boyacá y con las que según RCN Radio, buscaba “favorecer a la multinacional Odebrecht en proyectos de su interés”.

Según la información dada a conocer por la emisora local y que relata sobre las investigaciones de la Procuraduría, se logró determinar que Granados Becerra presuntamente también “habría influido, a través de sus decisiones para favorecer a terceras personas, valiéndose de su cargo de gobernador o de presidente de la Junta Directiva de la Corporación Autónoma Regional de Cundinamarca”.

Según información de Blu Radio, el Juzgado Séptimo especializado le concedió libertad condicional a Gabriel Dumar Lora, representante legal del consorcio Sion, el cual se encargó de suscribir “contratos fachada”, para la ejecución de la obra constituida entre el tramo Ocaña-Gamarra con el Consorcio Constructor Ruta del Sol.

El empresario fue arrestado en el 2017, pero hasta junio del presente año se le condenó a pagar 54 meses de prisión por el delito de enriquecimiento ilícito.

Según la información de la emisora, Dumar solicitó libertad condicional con el argumento de haber cumplido 3/5 partes de su pena, objetó “que ha hecho un proceso importante de resocialización y que su conducta ha sido ejemplar”.

Dumar accedió previamente a un principio de oportunidad por el delito de lavado de activos, que le fue otorgado por colaborar con la justicia al destapar la participación de senadores en el caso de corrupción.

La W informó que el juez encargado del caso aceptó los argumentos presentados por la defensa de Dumar, y accedió a ordenar su libertad ya que “con las horas de trabajo completadas”, el empresario cumplía con los requisitos de ley que le permitieron acceder al beneficio.

Según relató Blu Radio, Gabriel Dumar, sostuvo que le “entregaron 17.000 millones de pesos como parte de los sobornos para adjudicación de la Ruta del Sol II”.

Además, agregó que “de esos dineros le entregó 12.000 millones de pesos al exsenador Bernardo Miguel ‘El Ñoño’ Elías y el resto al exsenador Otto Bula”.

La Fiscalía General de la Nación a su vez aseguró que esos dineros llegaron al exsenador Antonio Guerra y al exviceministro de Asuntos Agropecuarios del Ministerio de Agricultura, Luis Miguel Pico Pastrana.

El ente investigador pudo comprobar que se entregaron 6,5 millones de dólares en sobornos, correspondiente solo a la Ruta del Sol II.

También le puede interesar: