El pasado 6 de diciembre, 916 indígenas de la comunidad El Brazo del Pueblo Emberá Dóbida, en Bahía Solano (Chocó), huyeron luego de que uno de sus líderes, Miguel Tapí Rito, fuera asesinado por las Autodefensas Gaitanistas. Dos días después, durante la tradicional noche de Velitas en el país, la Organización Indígena Nacional de Colombia (Onic) emitió una alerta epidemiológica y humanitaria por riesgo masivo de contagio de covid-19 en los desplazados.
El riesgo, de acuerdo con la ONIC, radica en que la comunidad desplazada, que hoy se encuentra en el corregimiento del Valle, en el mismo municipio de Bahía Solano, además de la ayuda humanitaria urgente como alimentos no perecederos, elementos de aseo y colchonetas, necesita la implementación de condiciones de seguridad en los albergues “como la instalación de lavamanos, dotación de tapabocas, agua”. También requieren insumos para la preparación de su medicina ancestral.
La comunidad teme que, debido al hacinamiento tras la falta de garantías a la vida de sus integrantes, se pueda generar una posible propagación del coronavirus, razón por la cual han solicitado la realización de pruebas PCR y detener a tiempo un contagio masivo, en caso de que haya quienes padezcan el covid-19.
Entre las solicitudes de la Onic sobresale, además, la presencia de una brigada médica en los albergues, dado que, según esta organización, el Hospital Julio Figueroa Villa y los centros médicos Salud del Valle. Cupica y Cubis Ltda no están en la capacidad de atender una crisis sanitaria.
“Solo se registran 10 camas de hospitalización general, carecen de camas para cuidados intermedios y no cuentan con ninguna cama de cuidados intensivos. No cuentan con el personal humano necesario para la atención en salud, tienen una inadecuada infraestructura y dotación hospitalaria”, informó, con preocupación, la Onic. En Bahía Solano, según el registro de la Onic, han fallecido siete pobladores por covid-19 y, además, se han registrado 63 casos positivos.
Quienes están en condición de desplazamiento forzado integran el 75 por ciento de la comunidad indígena de Bahía Solano, es decir, de los 1.209 nativos. La población del municipio, según el Departamento Administrativo Nacional de Estadística (Dane), es de 10.279 habitantes.
El asesinato del líder indígena Miguel Tapí Rito
El Instituto de Estudios para el Desarrollo de la Paz de Colombia (Indepaz) informó el pasado 3 de diciembre que el reconocido líder indígena de las comunidades El Brazo y Bacuru Purru, Miguel Tapí Rito, fue asesinado en el municipio de Bahía Solano, en el departamento de Chocó, al occidente del país.
Según fuentes de Indepaz, Miguel Tapí Rito fue abordado y llevado a la fuerza por hombres armados en la zona de río Valle, quienes posteriormente lo degollaron y dejaron su cuerpo en un sector aledaño.
Tapí era reconocido en su comunidad como uno de los voceros más importantes de la zona donde también se desempeñó como gobernador de los resguardos de las comunidades Bacuru Purru y El Brazo.
La Defensoría del Pueblo alertó sobre la presencia de grupos armados en la región el pasado 4 de diciembre y además señaló que ya se había advertido sobre el riesgo que corría la comunidad:
“Defensor del Pueblo, Carlos Camargo, alerta a las autoridades que ayer aproximadamente a las 8 am se presenta la incursión de un actor armado ilegal, al parecer las AGC, en la comunidad indígena de Bacurú Purrú, resguardo Río Valle y Boroboro del municipio de Bahía Solano”, fue la declaración emitida por la cuenta de Twitter de la Defensoría del Pueblo.
Posteriormente, la Defensoría del Pueblo de Colombia informó el pasado 5 de diciembre sobre el desplazamiento de 195 familias y un total 906 personas, quienes tomaron rumbo hacia el corregimiento de El Valle. según la Alcaldía, de estas personas, más de 200 serían menores de edad,
“Se han desplazado las comunidades indígenas de El Brazo, Posamanza, Boro Boro y Bacurú Purrú. Estamos haciendo un llamado a todos los organismos nacionales para que se vinculen con la ayuda humanitaria para atender a niños, que en gran cantidad se encuentran en este corregimiento”, explicó el alcalde del municipio, Úlmer Mosquera Gutiérrez, en declaraciones recogidas por el diario colombiano El Tiempo.
El alcalde señaló que es importante que esta población retorne a sus lugares de origen, pues el municipio no cuenta con recursos para atender a estas personas.
“Necesitamos alimento. Inicialmente, la administración va a contribuir con la alimentación inicialmente, pero nuestros recursos no son suficientes para garantizar el derecho a la alimentación que tienen estas personas”, explicó.
La situación de las familias desplazadas
En El Valle, se concertaron 906 indígenas que reclaman atención institucional que les permita solventar la emergencia humanitaria que atraviesan.
“Se requiere ayuda humanitaria para estas comunidades así como inversión social en proyectos productivos. Se requiere alimentación para más de 900 indígenas”, aseguró en Blu Radio, Carlos Mario Cardona, personero del municipio.
Por su lado, el alcalde de Bahía Solano, anunció en el diario El Colombiano, que para el lunes no contarían con recursos para atender a las familias desplazadas, por lo que la atención se hace urgente.
“La administración municipal le está suministrando alimentación desde viernes hasta domingo, pero después del lunes no hay posibilidad de alimentarlos, no tenemos recursos para atender una emergencia de esa magnitud. También carecen de colchonetas, están durmiendo prácticamente en el suelo”, señaló Mosquera.
El corregimiento de El Valle se encuentra a 30 minutos del casco urbano de Bahía Solano, donde este 6 de diciembre la comunidad afectada está siendo atendida por la Defensoría del Pueblo, la personería del municipio y la Alcaldía.
La Alcaldía de Bahía Solano, informó que tras una reunión virtual de la Gobernación, el Ministerio del Interior, la Unidad de Víctimas y la Fundación Fupad, “se logró comprometer aportes para la alimentación de estas familias los próximos días, mientras se logran transportar elementos como colchonetas, cobijas y de aseo”.
A su vez aseguró que, “representantes de las comunidades indígenas manifestaron que necesitan una garantía de seguridad para retornar”. Entre tanto, “se determinó que habrá un acompañamiento por parte de diferentes autoridades civiles y militares del municipio”.
La entidad también dio a conocer que en la zona hará presencia una comisión liderada por el alcalde, la Armada y el Ministerio Público, para verificar las condiciones necesarias que permitan el regreso de estas familias.
Por otro lado, la Armada Nacional informó que tropas del Batallón de Infantería de Marina N°23 desarrollan operaciones ofensivas en conjunto con unidades del Grupo Aeronaval, quienes realizan sobrevuelos en la zona.
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