Agosto fue el ‘pico’ de la crisis económica para las pymes en Colombia: fue el mes con más solicitudes por insolvencia

Desde la llegada de la pandemia a Colombia, agosto es el mes en que la Superintendencia de Sociedades ha recibido el mayor número de solicitudes de insolvencia por parte de empresas a nivel nacional con 169 procesos.

Así lo dio a conocer el superintendente de Sociedades, Juan Pablo Liévano, en un conversatorio realizado con AmCham Colombia, en el que indicó que las solicitudes de insolvencia empresarial entre abril y noviembre de 2020 ascendieron a 880.

“Desde el primero de abril hasta el 26 de noviembre, hemos recibido 880 solicitudes de insolvencia, donde el pico se observó en agosto con 169 solicitudes. La ayuda del gobierno y la reapertura han contribuido a que las solicitudes bajen”, explicó Liévano en el encuentro.

Según los datos de las Superintendencia, del total de solicitudes a nivel nacional, 690 fueron de procesos de reorganización y 190 de procesos de liquidación, en donde Bogotá fue la ciudad donde se dieron más solicitudes (432), seguido por Medellín (161), Bucaramanga (98), y Cali (96).

Asimismo, estas solicitudes representan 30.947 empleos, de los cuales 28.498 son empresas procesos de reorganización y 2.449, en liquidación. También corresponden a $9,3 billones en activos, $8,4 billones en pasivos para un total de $883 mil millones en patrimonio.

Según la composición de las empresas, el Superintendente determinó la previsión de que esta es una crisis que afecta más a las micro y pequeñas empresas.

“En el 2018 y 2019 teníamos alrededor de 100 solicitudes de insolvencia mensuales y para el primer trimestre del 2020 estábamos mas o menos en 70 y eso era muy bueno ya que mostraba que íbamos muy bien en el tema económico”, aseguró el funcionario.

Respecto a los escenarios desarrollados en marzo por la Superintendencia de Sociedades sobre el impacto del Covid-19 sobre la economía y sobre las empresas, se determinó que entre el 17,8% y 37% estarían en riesgo de insolvencia, donde las micro y pequeñas empresas serían las más afectadas.

En cuanto a las acciones desarrolladas frente al impacto de la pandemia en las empresas, el superintendente manifestó que “dadas las proyecciones para 2020 resolvimos que era necesario hacer tres cosas. En primer lugar, un cambio legislativo en materia de insolvencia que atendiera los aspectos más relevantes de la crisis que eran las pequeñas y microempresas. Segundo, acelerar la virtualidad y el uso de las herramientas tecnológicas e inteligencia artificial para seguir trabajando. Y tercero, hicimos una pedagogía de crisis”.

Asimismo, los cambios en materia normativa comprenden el decreto 560 de 2020 que “introduce nuevas instituciones para facilitar la recuperación empresarial y la preservación de la empresa y el empleo sin descuidad el crédito, incluyendo a todos los actores económicos y proporcionando mecanismos financieros novedosos y soluciones extrajudiciales prontas y eficaces”.

También, incluye el decreto 772 de 2020 que “crea mecanismos legales para facilitar y agilizar los procesos de reorganización empresarial e introduce procesos de reorganizaciones abreviados y liquidación judicial simplificados para pequeñas insolvencias”.

Por otro lado, la Superintendencia implementó la primera etapa del Módulo de Insolvencia donde se pueden presentar solicitudes de admisión a los tramites y procesos de insolvencia y esperan completarlo en el primer trimestre de 2021. También se puso en marcha el portal inteligente de Sistema Integrado de Información Societaria que reúne y conecta información financiera para generar alertas contables y financieras, además brinda datos sectoriales y regionales.

“Lo último que hicimos fue la pedagogía de crisis y esto es supremamente importante. No se trata de ganar batallas jurídicas, sino de llegar a acuerdos y compromisos económicos que requieren innovación financiera y gerencial. Por lo que hicimos pedagogía para apoyar que la crisis empresarial se supere, preferiblemente por fuera del escenario judicial, o bajo este escenario llegando a acuerdos con innovación gerencial y financiera”.

Finalmente, Liévano destacó los seis pilares para la reactivación empresarial; las aperturas económicas responsables, mantener el tejido empresarial con acuerdos entre acreedores y deudores, creación de instrumentos financieros para las empresas, creación de beneficios fiscales, modificación del régimen general de sociedades y incorporar la legislación de manera permanente de los decretos 560 y 722 de 2020.

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