Exabogado de Uribe anuncia que denunciará penalmente a Juan Manuel Santos con base en las cartas de Néstor Humberto Martínez

La revista Semana reveló, en exclusiva, documentos que corresponden a cartas que el ex fiscal general de la nación, Néstor Humberto Martínez, le había enviado a Juan Manuel Santos, para advertirle que, luego de la firma de los acuerdos de paz en 2016, ex integrantes de la extintas FARC seguían dedicándose a acciones ilegales.

La Fiscalía, durante la administración de Néstor Humberto Martínez, advirtió al gobierno de Juan Manuel Santos de que Marlon Marín, sobrino de Iván Márquez, y los comandantes de la extinta guerrilla Rodrigo Cadete, Romaña y el Paisa, entre otros, estaban involucrados en negocios de narcotráfico.

Las tres cartas a las que tuvo acceso la revista, y de las que publicaron fragmentos el 6 de diciembre de este año, datan del 2017, es decir, un año después de la firma del tratado que le daba fin a la guerra entre las FARC y el Estado colombiano, e iban dirigidas a Juan Manuel Santos, el entonces presidente de la República, a Sergio Jaramillo, alto comisionado para la paz, y a Gerson Iván Arias, alto comisionado encargado durante esas fechas.

“Es mi deber compartir con el señor presidente algunos elementos materiales probatorios recaudados por la Fiscalía que comprometen el deber de ‘no repetición’ que obliga a los señores desmovilizados de las Farc, sobre los cuales he tenido la oportunidad de dialogar con usted durante las últimas semanas”, decía una de las cartas que contaba con 18 páginas y que estaba fechada con el 19 de octubre de 2017.

En la misiva remitida al entonces primer mandatario, el exfiscal comunicaba los exguerrilleros que seguían involucrados con narcotráfico y detallaba la ubicación de laboratorios de procesamiento de drogas en zonas rurales supuestamente dominadas por las antiguas Farc.

Según Martínez, alias Rodrigo Cadete, se marginó del proceso de paz producto de un plan concebido por las disidencias de Gentil Duarte con el fin de ponerse al frente de la producción de cocaína en sectores de Meta, Vichada y Caquetá.

En el comunicado, el exfiscal revela que existe un laboratorio para procesar cocaína en la vereda El Ceral, en el corregimiento de Timba, en Buenos Aires (Cauca), perteneciente a los hermanos Fernando y Raúl Amaya, el cual es vigilado por exmilitantes de las Farc que habían firmado la paz.

Según la información de la Fiscalía, este laboratorio, donde trabajaban unas 40 personas, producía 3.000 kilos de clorhidrato de cocaína que eran vendidos al cartel de Sinaloa, en México.

El exfuncionarios judicial advierte de otro laboratorio, con una capacidad de procesamiento de 5.000 kilos de droga, en el mismo municipio, donde podrían trabajar unos 60 hombres, algunos de ellos desmovilizados.

Sin embargo, asegura la carta, “no hay permiso para ingresar al lugar” porque se encuentra en una de las antiguas zonas veredales transitorias de normalización.

Adicionalmente, según transcripciones de interceptaciones presentadas por Néstor Humberto Martínez, algunos exguerrilleros buscaban “colar” narcotraficantes en la JEP, para que estos recibieran los beneficios de la justicia transicional.

Entre los narcos que las Farc habrían querido pasar por guerrilleros estaban Luis Carlos Rodríguez Chamorro, alias Guasca, quien habría pagado 3.000 millones de pesos a alias Sábalo (desmovilizado del frente 29 de las Farc) para ser incluido en la JEP.

El exfiscal Martínez, en comunicación enviada al alto comisionado para la paz, Sergio Jaramillo, asegura que, incluso integrantes de organizaciones criminales como los Rastrojos, la Constru y los Pelusos habrían querido hacerse pasar por exguerrilleros de las Farc para ser trasladados a las zonas veredales y recibir los beneficios de la JEP.

En la comunicación se destacan los casos de Gildardo Rodríguez, alias ‘El señor de la camisa roja’, considerado el sucesor del narco Diego Montoya, conocido como Don Diego, y de Ulises Castellanos Beltrán, condenado por el atentado contra el exministro del Interior Fernando Londoño Hoyos, quien, a pesar de que Martínez asegura que no hay pruebas de que haya pertenecido a las Farc, fue trasladado, por orden de un juez de Bogotá, a una zona veredal, donde se acogió a los beneficios de los desmovilizados de la JEP.

De acuerdo con los documentos revelados por la revista Semana, Martínez Neira también previno al Gobierno que, después de la firma de los acuerdos, antiguos miembros de las Farc, como alias el Paisa, Romaña o los líderes de la llamada columna móvil Teófilo Forero, seguían extorsionando y despojando de sus tierras a los campesinos de Meta y Caquetá.

Ante las denuncias, Martínez habría solicitado tener un consejo de seguridad urgente con Juan Manuel Santos, situación que nunca ocurrió, por lo que el ex fiscal manifestó que, “sin que hasta la fecha tengamos conocimiento de las medidas adoptadas para precaver este tipo de situaciones que, como se sabe, ponen en riesgo la integridad del proceso de paz y la capacidad de la jurisdicción ordinaria para enfrentar el crimen organizado y preservar el orden público”.

Néstor Humberto Martínez renunció, de manera irrevocable, a su cargo como Fiscal General de la Nación en mayo de 2019, y justificó su decisión bajo la nula decisión de las autoridades de privar de la libertad y extraditar a Jesús Santrich por el supuesto delito de narcotráfico.

Este lunes, el abogado Guillermo Rodríguez, quien ha defendido en varias oportunidades al expresidente y senador Álvaro Uribe Vélez, anunció que radicará denuncia penal en contra del expresidente de la República Juan Manuel Santos, de Sergio Jaramillo, alto comisionado de paz de la época, y de Gerson Iván Arias, alto comisionado encargado, con base en las que llamó “cartas secretas” del exfiscal Martínez Neira, por los presuntos delitos de prevaricato por omisión, abuso de función publica, abuso de autoridad por omisión de denuncia, asociación para la comisiód de un delito contra la administración pública, favorecimiento y conspiración.

En 2013, Rodríguez instauró una demanda ante el Tribunal Administrativo de Cundinamarca, en representación de Álvaro Uribe Vélez, para tratar de interrumpir la venta de las acciones del Estado de la compañía Isagén.