La petición de Gustavo Petro, Roy Barreras y otros senadores a la Corte Penal Internacional para investigar al exfiscal Néstor Humberto Martínez

Los congresistas de oposición Gustavo Petro, Iván Cepeda, Antonio Sanguino y Roy Barreras enviaron una carta de 15 páginas a la fiscal Fatou Bom Bensouda de la Corte Penal Internacional (CPI) para que se evalúe el inicio de una investigación al exfiscal Néstor Humberto Martínez por las presuntas acciones que cometió contra el Acuerdo de Paz entre el Gobierno nacional y las Farc-EP.

La carta señala que los senadores de la República de Colombia, bajo el artículo 15 del Estatuto de Roma, entregaron información relacionada con los hechos que atentaron gravemente contra la Paz en Colombia competidos por Néstor Humberto Martínez, cuando ejerció su cargo como Fiscal General de la Nación. El Estatuto de Roma le otorga competencia a la Corte Penal Internacional respecto de crímenes de guerra, crímenes de lesa humanidad, genocidio y agresión. Antes de abrirse las investigaciones, el fiscal encargado debe determinar, en el examen preliminar, si existen razones suficientes para iniciar con el proceso.

La Corte Penal Internacional también señala que, a partir del artículo 15, cualquier individuo, grupo, Estado, organización intergubernamental o no gubernamental puede proporcionar a la Fiscalía información para iniciar o colaborar con procesos de investigación. Asimismo, el artículo permite que el fiscal inicie el examen preliminar de la situación presentada y/o proporcione información para continuar con procesos de investigación a través de motivos razonables para determinar “que un crimen internacional ha sido cometido”.

Los senadores señalan en la carta que la JEP, encargada de administrar justicia, de manera transitoria y autónoma, ha recibido constantes pronunciamientos contra su Ley Estaturaria por parte del exfiscal Néstor Humberto Martínez durante el ejercicio de su cargo, lo que representa el desconocimiento del Acuerdo de Paz y un ataque a los avances y la autonomía de este componente de la justicia.

A su vez, Iván Cepeda, a través de su cuenta de Twitter, reiteró que hay múltiples denuncias contra Néstor Humberto Martínez por haber ordenado interceptar a negociadores de paz e intentar “destruir la JEP” y por ello no merece recibir ningún cargo diplomático. También señaló que estas acciones dan cuenta de que “no solo asumió el papel de enemigo de la paz, sino también de enemigo de las víctimas y sus derechos”.

Además, para los senadores, respecto al caso Santrich, el actuar del exfiscal fue un “entrampamiento” del que la Fiscalía tuvo conocimiento y en el participaron agentes de la DEA, que no tendrían autorización de funcionarios nacionales para operar en Colombia. Señalan que se elaboraron falsas pruebas en el proceso para la extradición de Santrich, quien fue negociador de paz. El documento señala también que el exfiscal Néstor Humberto Martínez le habría entregado información a una agencia de inteligencia extranjera sin consultar al entonces presidente de la República, Juan Manuel Santos, “lo que constituiría un asunto de seguridad nacional”.

El comunicado enviado a la fiscal Bensouda también señala a la Fiscalía por el allanamiento a la sede de la JEP el 4 de octubre de 2018, ya que la diligencia nunca fue notificada a la Jurisdicción y se obtuvo una copia del caso 001, sobre la retención ilegal de personas por parte de las Farc-EP, “con lo que se habría violentado la reserva judicial de las investigaciones”.

El Acuerdo de Paz, firmado el 26 de noviembre de 2016 entre el Gobierno nacional y las Farc-EP, creó el Sistema Integral de Verdad, Justicia, Reparación y No Repetición, compuesto por la Comisión para el Esclarecimiento de la Verdad, la Convivencia y la No Repetición, la Unidad para la Búsqueda de Personas dadas por Desaparecidas en el marco y en razón del conflicto armado en Colombia y la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP). El Acuerdo Final para la Terminación del conflicto y la construcción de la paz estable y duradera, además, señala el documento, contó con el acompañamiento permanente de las Naciones Unidas y la Organización de Estados Americanos y el apoyo de Noruega y Cuba como países garantes.