El exsenador Álvaro Uribe Vélez, en entrevista con la revista Dinero, planteó el plan de ajuste que está promoviendo desde su partido, el Centro Democrático, en materia de ajuste económico e impulso del aparato productivo en el país.
Aseguró que la reforma tributaria debe ser discutida lo antes posible y no previo a las elecciones del 2022, ya que permitirá tener ‘las reglas del juego’ claras para el próximo año. Por ello, propone cuatro correctivos fundamentales: reforma tributaria moderada, norma de ahorro severa en el gasto público, fortalecimiento de la política social para reducción y recuperación de la senda de la pobreza y proyectos como la reducción de la jornada de trabajo sin afectar el ingreso de los trabajadores y bono social para los recién nacidos en hogares vulnerables.
Para el exsenador Uribe Vélez, la reforma tributaria moderada es imperativa en este momento, pues el país ha renovado su confianza inversionista y sería perjudicial e, incluso, riesgoso perder el grado de inversión, lo que podría significar la pérdida de 200 puntos básicos al año. “Con un endeudamiento de $650 millones, eso equivaldría a $13 billones adicionales en intereses al año”, explicó. Su preocupación, además, apunta a la proximidad del debate electoral, ya que la discusión daría cabida a “propuestas demagógicas”.
También aseguró que las propuestas que apuntan a cobrar el 4% o el 6% a los patrimonios perjudicarían gravemente la inversión, ya que, cuando el entonces presidente Juan Manuel Santos implementó cinco reformas tributarias entre las cuales se realizaron cambios en materia de impuestos, se frenó la creación de empleo, la inversión y la reducción de la pobreza. Por ello, señaló que es crucial no desencadenar la incertidumbre tributaria en los empresarios que estén interesados en contribuir a la reactivación de la economía en el país y propiciar al discusión durante el primer semestre del 2021.
En relación con el ahorro en el gasto público, el exsenador descarta cambios sobre el IVA y resalta los avances del actual gobierno, ya que ha devuelto este impuesto a la población y se comprometió a aumentar la cifra de beneficiados a dos millones de colombianos. El trabajo del Gobierno, ahora, es trabajar a favor de un consenso para que no se amplíe la brecha de dificultad social y se generen afectaciones a la inversión. Por eso, propone reducir a 50% el descuento de los impuestos territoriales, aplicar un impuesto moderado al patrimonio de personas naturales o ajustar el impuesto a los dividendos.
Además, indicó que la reforma debe imponer un límite al incremento en los gastos generales y de funcionamiento público durante los próximos seis años para que no crezcan por encima de la inflamación. Asimismo, señaló que este ahorro debe crecer para ahorrar un punto del PIB año tras año.
Para el senador, el país perdió una década de avances en materia de reducción de la pobreza. Por eso, considera fundamental incentivar una política social “agresiva” y sugiere que el actual Gobierno, en el desarrollo de un panorama optimista, fortalezca programas como el Ingreso Solidario, la reforma tributaria “moderada” y la estrategia de ahorro fiscal para darle confianza y tranquilidad a los colombianos y la comunidad internacional sobre la economía.
Para el desarrollo de los proyectos sociales, cuarto pilar del plan de ajuste del exsenador Uribe Vélez, propone la creación de un bono social a menores de hogares vulnerables que hace parte del referendo impulsado por el Centro Democrático para garantizar el ahorro pensional y asegurar su vejez y la reducción de la jornada laboral de 48 a 42 horas sin afectar los ingresos de los trabajadores, proyecto de ley aprobado el 4 de diciembre ante el Senado y que ahora pasará a Cámara de Representantes.
Además, propone la reforma al contrato de aprendizaje “para que cualquier colombiano menor de 30 años que no haya tenido un contrato laboral formal pueda ser aprendiz”. Según la revista Semana, este último proyecto busca que se mantenga el pago del 75% del SMMLV a jóvenes universitarios y técnicos del SENA, pero que el 25% restante se convierta en un subsidio de aporte a la salud que debe cubrir el gobierno.