El procurador General de la Nación, Fernando Carrillo, invitó este viernes 4 de diciembre al ministro de Salud, Fernando Ruiz Gómez y al juez 11 Administrativo de Oralidad del Circuito de Bogotá para que entablen un diálogo en el que se argumenten las decisiones entorno al fallo de tutela que obliga a los viajeros internacionales a certificar la prueba PCR.
En la misiva enviada al ministro Ruiz, el procurador General señaló que a pesar de conocer que las sentencias proferidas por tutela deben tener “efectos inmediatos en los términos que lo disponga la decisión judicial”, reconoce fundamental que se entable un diálogo entre las instituciones que permita soluciones que favorezcan la salud pública de los colombianos.
Según el documento de dos páginas conocido por El Espectador, Carrillo aseguró que “con apego al ordenamiento constitucional y legal y en ejercicio de la función preventiva, le extiendo una invitación para adelantar por excepción un espacio de diálogo con el juez con el propósito de que sean expuestos los aspectos técnicos que dirigen al Ministerio a objetar la decisión”.
Esta invitación, que fue realizada por el jefe de la autoridad de control, se produce independientemente de la impugnación al fallo que obliga a los viajeros que entran a Colombia a presentar la prueba PCR negativo.
“La Procuraduría Delegada para la Salud, Protección Social y Trabajo Decente, que adelanta la actuación preventiva, estará al frente de concretar el encuentro”, concluyó el comunicado de la Procuraduría.
El fallo que causó la polémica
Esta polémica comenzó el pasado 3 de diciembre cuando el juez Giovanni Humberto Legro, del Juzgado 11 Administrativo de Bogotá, dio un plazo de cuatro días al Ministerio de Salud para exigir pruebas PCR negativas a los viajeros provenientes del exterior.
Esta decisión se tomó a pesar de las observaciones de la Organización Panamericana de la Salud (OPS) y de distintos epidemiólogos colombianos quienes argumentaron que exigir estas pruebas no tiene mucho sentido en esta etapa de transmisión del virus.
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“En viajes internacionales exigir una prueba negativa de COVID-19 no es una garantía de seguridad”, afirmó Gina Tambini, representante de la OPS en Colombia.
Por su parte, el ministro de Salud, Fernando Ruiz, anunció que hay una imposibilidad desde el punto de vista sanitario para cumplir el fallo, debido a que este tiene importantes efectos en la economía y la salud de los colombianos.
“Lo que procederá ahora será la radicación de la impugnación del fallo y continuará el proceso”, apuntó el ministro, este viernes 4 de diciembre.
“Un desacato es una actitud manifiesta de mala voluntad, de negligencia, buscar entorpecer o a conciencia engañar a la justicia y esta no es nuestra situación. La nuestra es la imposibilidad desde el punto de vista sanitario y de defensa de la salud pública de este país de poder aplicar un fallo que nos genera una situación extrema frente a la política de salud pública”, explicó el ministro Ruiz.
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