El episodio de la prisión domiciliaria contra el expresidente Álvaro Uribe Vélez por orden de la Corte Suprema de Justicia ocurrido el pasado 4 de agosto que terminó con la renuncia del político al Senado logrando llevar su caso a la justicia ordinaria y por ende su libertad, sigue generando reacciones.
Esta vez, el prestigioso Colegio de Abogados de la Ciudad de Nueva York publicó un informe en el que muestra su preocupación por la amenazas a la independencia del poder judicial colombiano que han surgido como reacción a la decisión que tomó el alto tribunal contra el exmandatario por cargos de manipulación de testigos y obstrucción a la justicia.
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“Específicamente, el expresidente Uribe y sus seguidores, incluido el actual presidente de Colombia, han cuestionado públicamente la imparcialidad de la Corte que supervisa su caso y han propuesto reformas al poder judicial, tanto en respuesta a la prisión preventiva de Uribe como en oposición a la investigación en curso”, señaló la asociación estadounidense.
En el informe, los abogados exponen cómo se desarrolló el caso que además involucra al senador Iván Cepeda como víctima en el proceso judicial que adelantó la Corte Suprema en los últimos años.
“El 16 de febrero de 2018, la Corte Suprema de Justicia de Colombia desestimó las acusaciones contra Cepeda y abrió una investigación penal a Uribe por presuntos delitos de soborno de testigos y “fraude procesal”, detalla el escrito.
Frente al arresto domiciliario de Uribe, dice el informe, los políticos alineados con el partido Centro Democrático, comenzaron a protestar, elogiando al expresidente y lanzando “ataques políticos y públicos alegando, a pesar de la evidencia, que los jueces no estaban basando sus decisiones en los hechos y la ley, sino más bien en bases ideológicas o políticas”.
Para el Colegio de Abogados de la Ciudad de Nueva York el presidente Iván Duque, miembro del Centro Democrático, apoyó públicamente a Uribe y atacó a la Corte Suprema.
El presidente Duque pidió la liberación de Uribe de la prisión preventiva y afirmó que Uribe era un servidor público ejemplar que defendía la más alta dignidad del Estado y debía poder defenderse en libertad y bajo presunción de inocencia.
Esta organización de abogados, además asegura que Uribe renunció rápidamente al Senado, en un aparente intento de negar la jurisdicción de la Corte Suprema sobre su caso. “Los líderes de derechos humanos han expresado preocupaciones legítimas sobre la interferencia de los partidarios de Uribe y otros que politizan el poder judicial”, aseguran.
Una de esas denuncias la hizo José Miguel Vivanco, Director Ejecutivo de la División de las Américas de Human Rights Watch, quien emitió una carta en respuesta a la declaración de IDEA, indicando que tales comunicaciones no ayudan a fortalecer el estado de derecho en Colombia, sino que fomentan los continuos ataques contra la independencia judicial.
Además, el relator Especial de Naciones Unidas sobre la Independencia de Magistrados y Abogados, Diego García Sayán, afirmó: “Como Relator, debo afirmar siempre que exista un posible riesgo, amenaza o injerencia en la independencia del poder judicial en Colombia y donde sea necesario, para que las normas internacionales y se respetan las normas en la administración de justicia”.
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La prestigiosa organización de abogados invitó a los funcionarios de gobierno a respetar sus propias leyes nacionales y los principios clave de los derechos humanos internacionales, en particular el derecho a un poder judicial independiente e imparcial.
El Colegio de Abogados de la Ciudad de Nueva York hace un llamado urgente al gobierno colombiano y a sus funcionarios electos, junto con los partidos y gobiernos extranjeros, a que cesen las declaraciones públicas y los esfuerzos legislativos diseñados para favorecer a un acusado penal en particular, incluso uno tan popular como el ex presidente Uribe, o para crear impedimentos a la justicia imparcial.
Además agregan de forma categórica: “Ningún individuo debe estar por encima de la ley y el expresidente Uribe merece que se establezca su inocencia o culpabilidad de conformidad con las pruebas y la ley, de conformidad con el debido proceso y sin injerencias externas”.