Eduardo Pulgar podría salir de La Picota este sábado, aunque ya fue reseñado

El pasado martes, primero de diciembre, Eduardo Pulgar, quien era senador del partido de la U antes de que el colectivo lo suspendiera, fue capturado en el aeropuerto El Dorado y, posteriormente, remitido al búnker de la Fiscalía General de la Nación, producto de una orden de captura en su contra emitida por la Sala de Instrucción de la Corte Suprema de Justicia por los presunto delitos de tráfico de influencias, cohecho y violación de topes electorales.

El diario El Tiempo confirmó que el senador Eduardo Pulgar ya fue reseñado y compartió la foto del momento. Por ahora el congresista se encuentra detenido en la cárcel La Picota de Bogotá después de ser capturado en el aeropuerto donde, al parecer, pretendía salir del país.

Por ahora se espera que la Corte Suprema de Justicia decida sobre la petición de la defensa de Pulgar que argumenta que está enfermo y que el dejarlo en La Picota representa un riesgo grave para su vida. Igualmente, según enuncia El Tiempo, su defensa, en cabeza del abogado penalista Jaime Granados, anunció que pedirá un control de legalidad sobre su captura para revisar si fue o no legal.

Daniel Coronell, columnista de ‘Los Danieles’, destapó el polémico caso que envolvería a uno de los mayores electores de la costa Altántica colombiana. La primera columna que Coronell hizo acerca del caso se tituló ‘Pulgarcito’, publicada el 12 de julio, y allí el periodista aseguró que el senador le habría ofrecido un soborno a un juez con el fin de ayudar a sus patrocinadores.

“El senador se llama Eduardo Pulgar, es miembro del Partido de la U, y fue a hacer la vuelta para favorecer a su amigo Luis Fernando Acosta Osío, el líder de un grupo que con cuestionadas maniobras logró el control de la Universidad Metropolitana de Barranquilla y pretende quedarse también con la Fundación Acosta Bendeck y el Hospital Universitario Metropolitano. Las tres instituciones facturan 80.000 millones de pesos al año”, relató el periodista, ex columnista de Semana.

La ‘vuelta’ a la que se refiere Coronell, en la que intercede por Acosta Osío, se trataba de intentar que su amigo empresario y promotor se quedara con la universidad barranquillera y el Hospital Universitario Metropolitano, filial de la institución educativa.

Para esto, según la versión del periodista, el juez fue el que decidió grabar la conversación con Pulgar. Andrés Fernando Rodríguez Caez, oriundo de Neiva, es el exjuez que rechazó ayudar a la familia que le solicitó Pulgar.

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“Si los ‘manes’ son juiciosos, si yo le digo: ‘hey, doc., esta vaina vale 200 barras’, él me dice: ‘¿a qué horas y dónde?’. Así, pa hablar claro. Yo les digo a ustedes la verdad. Aquí hay un negocio…Yo creo… No sé, si ustedes quieren hablar solos”, ofreció Pulgar.

Rodríguez Caez, que en ese momento ejercía como juez promiscuo municipal de Usiacurí, respondió de manera categórica al senador, rechazando la oferta. Por medio de los audios, explicó que él era un “hombre muy serio”.

“Usted me está hablando de negocios, yo para eso sí no. Déjeme que le haga la audiencia; déjeme explicarle primero por qué supuestamente llega allá. Ronald me abordaba esta tarde y me decía: ¿doctor, pero por qué Usiacurí? Ronald, usted sabe que Usiacurí ha venido moviéndose, ha manejado casos delicados de garantías, yo allá he manejado casos delicados”, sentenció el exjuez y ahora contratista de la Superintendencia de Servicios Públicos en la reunión, en la cual se encontraban más personas.

Por esto, se prendieron las alarmas en varias instancias de competencia para la indagación de los hechos evidenciados por Coronell. Entre las corporaciones que debatieron su pertinencia para intervenir en el proceso está la Procuraduría General de la Nación, la Comisión de Ética del Congreso y la Corte Suprema de Justicia. La última mencionada, que se encarga de adelantar procesos contra aforados constitucionales, fue la que resolvió su captura.

La estrategia de la defensa

Horas después de su captura, que se llevó a cabo en la mañana del pasado martes, el abogado de Pulgar, el polémico litigante Jaime Granados, informó que acataban la decisión de la Sala de Instrucción de la Corte Suprema de Justicia.

“Así como ha estado al frente del proceso y ha comparecido cuando se le ha citado, de haber sido notificado de la imposición de una medida de aseguramiento, habría asistido voluntariamente a cumplirla sin necesidad de una captura”, señaló el apoderado, quien también defiende a Álvaro Uribe Vélez en el proceso en su contra por fraude procesal.

En un comunicado emitido por Granados, el abogado señaló que solicitará que la Sala Especial de Juzgamiento efectúe un “control de legalidad” de la detención de su representado “porque estimamos que la medida que se le impuso es ilegal por no cumplir los requisitos exigidos por el ordenamiento jurídico”.

También pidió que se valore el delicado estado de salud de Pulgar, “que lo hace propenso a múltiples y graves enfermedades y se le permita someterse a la medida de aseguramiento en un lugar que no ponga en peligro su vida”.

Por último, la defensa del parlamentario detenido señaló: “Si bien no podemos referirnos a ningún detalle de los hechos o el expediente, seguiremos defendiendo las garantías Pulgar y confiamos en que pronto y de manera definitiva recuperará su libertad y quedará acreditada su inocencia”.

La posible pena que le espera a Pulgar

De ser encontrado culpable por los delitos indagados por el alto tribunal, se estima que su pena podría ser de 12 años de cárcel. Según la ley, esta es la condena que se le sentencia a los servidores públicos que utilicen su cargo para obtener beneficios para sí mismo o para terceros.

Incluso, Pulgar sería inhabilitado y no podría aspirar o ostentar ningún cargo público. En el momento que se conoció que Pulgar tenía una orden de captura, el Partido de la U decidió suspender su militancia.

Por un proceso de corrupción, si se comprueba la culpa del senador, el Partido de la U perdería la curul que ocupaba Pulgar hasta 2022. Según le confirmaron a El Tiempo, no se prevé que la defensa del barranquillero opte por la renuncia, para que la investigación pase de la Corte Suprema a la Fiscalía.

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