Constructores de Hidroituango se pronuncian ante imputaciones de la Contraloría

Los errores de administración, ejecución, construcción y control tienen a Hidroituango, el proyecto de producción de energía que planeaba convertirse en el más importante del Colombia, bajo la lupa de los entes de control e investigación. Por un supuesto detrimento patrimonial en Hidroituango, la Contraloría imputó a 28 personajes importantes de la política y el mundo empresarial en Colombia, que deberán responder ante el organismo de control y ante el país por lo que la misma Contraloría considera una serie de errores.

Ante la decisión de la Contraloría varios de los imputados se han pronunciado al respecto, este viernes, fue el turno del Consorcio CCC Ituango a quienes el organismo de control los responsabiliza por acciones que llevaron no solo al retraso de las obras, sino a los defectos de estas y los sobrecostos en el contrato.

En primera medida, según informó el diario El Espectador, el consorcio señaló que respeta las decisiones del organismo y que, como lo han hecho desde que empezó la investigación, seguirán atendiendo a los requerimientos legales que sean necesarios para resolver el proceso.

Por otro lado, manifestaron que han “actuado con profesionalismo y diligencia ante las solicitudes de cambios, nuevas actividades y mayores cantidades de obra, que impactan los programas de obras y que fueron debidamente aprobados. Nos hemos ceñido a las instrucciones impartidas por EPM y sus delegados, siempre bajo la supervisión de la Interventoría, cumpliendo con nuestras obligaciones contractuales”.

Lo que quiere decir el consorcio es que el contrato de la hidroeléctrica sí ha estado bajo la supervisión de los encargados de controlar e intervenir para evitar más problemas, argumento que va en contra de las principales acusaciones de la Contraloría de la Nación contra los involucrados, pues entre los principales problemas que destacó el organismo está la falta de supervisión tanto de los exalcaldes y exgobernadores, como de las entidades que debían encargarse de ello.

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Según CCC Ituango, la Contraloría municipal, la auditoría interna de EPM, el Banco Interamericano de Desarrollo y otras entidades han sido los responsables de realizar un estricto seguimiento al contrato de la megaobra.

Por su parte, la junta de EPM también se pronunció este viernes ante los más recientes resultados del proceso que avanza en la Contraloría. Al igual que el consorcio, la junta de EPM aseguró que respeta y acata las decisiones del organismo de control y otras entidades del Estado que se refieran al escándalo por los problemas de la hidroeléctrica.

La junta también hizo un llamado a la gerencia general y la administración de EPM sobre “la necesidad de reunir y consolidar todos los esfuerzos organizacionales para la culminación exitosa del proyecto hidroeléctrico Ituango, con el fin de entrar en operación en el primer semestre de 2022, fecha prevista para tal propósito, toda vez que los compromisos técnicos y el ánimo para la ejecución del proyecto siguen intactos”.

Destacaron, según el diario, que las imputaciones de la Contraloría no afectarán “el cronograma acordado para la ejecución y entrada en operación de la obra”, pero señalaron que los esfuerzos por terminar el proyecto hidroeléctrico deben enfocarse a resarcir los daños sufridos por EPM.

Para finalizar, la junta aseguró que “es consciente de la responsabilidad económica y social de EPM, para lo cual ha propiciado y respaldado las decisiones administrativas orientadas a mejorar la evaluación y mitigación de los riesgos de los proyectos que ejecuta la empresa, así como el mejoramiento en la calidad de los servicios públicos”, según citó el medio.

Los vinculados al proceso

Según El Espectador, la Contraloría dividió las responsabilidades fiscales del caso en cuatro componentes: los miembros de la junta directiva, los gerentes de EPM y de la hidroeléctrica, los alcaldes y gobernadores de entonces y los contratistas e interventores.

Dentro de los actores con responsabilidades individuales están Fajardo, Gaviria y Ramos. También está Alonso Salazar, alcalde de Medellín entre 2008 y 2011, quien según el ente de control estaría relacionado con las decisiones que llevaron a la pérdida del valor neto del proyecto, ya que pertenecía a la junta directiva de Hidroituango, junto a él está Juan Esteban Calle Restrepo, representante legal de EPM.

El detrimento patrimonial se dio por las acciones entre 2008 y 2015, según la Contraloría, razón por la que el exalcalde de Medellín, Federico Gutiérrez, no hace parte de los imputados, ya que su administración empezó en 2016.

Por otro lado, los consorcios que están vinculados al proceso son el Consorcio CCCI Ituango, los constructores de las obras principales a quienes la Contraloría les imputó acciones como atrasos sistemáticos, defectos en la construcción y aumento de valores del contrato. Al Consorcio Túneles Ituango Fs también le imputaron atrasos sistemáticos en las obras de desviación, mientras a los consorcios Ingetec-Sedic y Generación Ituango, los culparon por ausencia de seguimientos al contrato y asesoría deficiente, respectivamente.

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