Qué sigue en el proceso de imputación a responsables por caso Hidroituango

Luego de que el Contralor de la República, Carlos Felipe Córdoba, imputara cargos a 28 de 34 presuntos responsables por fallas financieras en la planeación y ejecución del proyecto Hidroituango, cuya suma asciende a $4,1 billones, el escenario legal muestra un proceso que se extenderá más allá de un año.

Pese al escándalo mediático y a la inminencia del año electoral, la decisión de la Contraloría no implica un fallo en este momento. Sin embargo, para las figuras más importantes de la imputación, como Sergio Fajardo y Aníbal Gaviria, prestar atención al proceso podría alejarlos de un escenario electoral que comienza a despuntar.

A continuación, una descripción del escenario jurídico en el que se desarrollará la imputación fiscal por Hidroituango.

Qué significa la imputación

En primera instancia, la imputación de cargos no implica que los presuntos responsables sean culpables. Por lo tanto, no hay fallo ni señalamiento más allá de los cargos elaborados por la Contraloría.

Lo anterior significa que el ente investigador, tras surtir una etapa de recopilación de pruebas y entrevistas, acusa a los responsables, en este caso a Fajardo, Gaviria y los demás implicados, de haber cometido un daño contra el Estado, en este caso las fallas financieras en Hidroituango.

En el caso de la responsabilidad fiscal, por la que son indiciados, cabe señalar que consta de tres elementos: el dolo o culpa de quien es el responsable, el daño patrimonial y el nexo causal.

sin embargo, la imputación es importante dado que debe probarse una concurrencia de estos elementos, con el fin de determinar si existe o no argumentos suficientes para que la Contraloría proceda a fallo a favor o en contra de los implicados.

En la agenda de los imputados comienza a correr un periodo de 10 días en los que, junto a sus abogados, deben presentar descargos.

Surtida esta parte de la imputación, tanto la entidad como los imputados entran en un proceso probatorio, cuyo final es el fallo.

Lo que viene luego del proceso

Usualmente son de dos vías: O exonera a los imputados, o los halla culpables, y procede a condena.

Para la exoneración existe un procedimiento posterior, que es la consulta, que debe surtirse de inmediato por el contralor para determinar su validez.

Cuando se procede a condena, son los imputados quienes deben interponer un recurso de apelación ante el contralor, que tomaría en consideración sus argumentos para emitir una decisión en firme.

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Y existe un tercer recurso, la inconformidad, que implica que todas las acciones jurídicas se pasarían a la jurisdicción de lo contencioso administrativo.

En esta instancia, quien decide es el Consejo de Estado donde la última palabra la tendría el Consejo de Estado.

¿Y después?

Mientras no haya fallo, los imputados no están inhabilitados para seguir su vida pública. Tampoco existe una suspensión de los contratos en ejecución con respecto a Hidroituango.

Sin embargo, una medida cautelar para los imputados transformaría el juicio en un escenario político, dada la inminencia del año electoral. Aunque es improbable, es un recurso que puede utilizarse dependiendo del valor de la prueba.

A menos que sea solidaria, la responsabilidad de los implicados puede ser individual. Esto significa que cada uno podría, en caso dado, devolver recursos al estado.

Por último, un fallo no involucraría privación de la libertad, que es un recurso de la Fiscalía General de la Nación.

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Los imputados han acogido el llamado de la Contraloría con disposición de llegar hasta las últimas consecuencias, mientras Sergio Fajardo ha emitido sendas comunicaciones haciendo claridad en que sus actuaciones estuvieron ceñidas a la ley.