La Procuraduría indagará al director y subdirector de la cárcel La Modelo por la muerte de 23 internos

El caso viene haciendo eco desde la semana pasada, cuando Human Rights Watch concluyó que los disparos hechos a los internos para detener un amotinamiento fueron hechos con intención de matar y no de inmovilizarlos.

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Fotografía de archivo fechada el
Fotografía de archivo fechada el 23 de marzo de 2020. Un guardia penitenciario vigila luego de un motín, en la cárcel Modelo de Bogotá (Colombia). EFE/Mauricio Dueñas Castañeda/Archivo

La Procuraduría General de la Nación abrió un proceso de indagación preliminar al director de la cárcel La Modelo, Carlos Augusto Hincapié, y al subdirector, Jorge Gama, por la muerte de por lo menos 23 internos en marzo de este año, informó Blu Radio.

Los hechos a los que alude el Ministerio Público tienen que ver con el intento de fuga que se presentó el pasado 21 de marzo, durante las protestas de los internos que reclamaban condiciones adecuadas para prevenir la propagación del covid-19 al interior del centro penitenciario.

Al respecto, el documento con el que la entidad abrió la investigación reza que: “en la cárcel “La Modelo” resultaron 55 privados de la libertad heridos que requirieron atención hospitalaria externa y 28 internos lesionados que fueron atendidos en el área de sanidad, dos (2) auxiliares de custodia heridos de gravedad fueron hospitalizados y 5 funcionarios de la guardia lesionados, veintitrés privados de la libertad fallecieron”.

Junto a la descripción de los hechos, explican desde la Revista Semana, la Procuraduría también listó las siguiente nueve pruebas que serán necesarias para determinar el rumbo de la investigación:

1. “Oficiar y/o realizar Visita Especial en la Cárcel y Penitenciaria de Media Seguridad de Bogotá “La Modelo”, a fin de obtener la siguiente documentación e información: Solicitar el cuadro de mando de seguridad de ese fin de semana

2. Solicitar el organigrama del establecimiento y manual de funciones del director, subdirector y comandante de vigilancia.

3. Determinar quién fue el comandante de custodia y vigilancia titular para la fecha de los hechos. Qué acciones adoptó el director de la cárcel con los entes territoriales y demás autoridades frente a la situación COVID-19.

4. ¿Cómo se socializaron las medidas del COVID-19 con los PPL?

5. Qué acciones tomó la dirección con base en las medidas del covid-19, y qué medidas respecto a los presuntos rumores que circulaban en redes sociales referente a un presunto cacerolazo y plan de fuga que iban a realizar las personas privadas de la libertad, entre otras por la propagación del virus, y que conllevó a los hechos del 21 de marzo de 2020.

6. Solicitar la normatividad para la entrega de armamento, en época normal y de alteraciones del orden público.

7. Determinar la capacidad máxima de la cárcel y grado de hacinamiento.

8. Cuáles fueron los patios que participaron en los hechos y cuántos PPL había en cada uno.

9. Determinar si los presos, el día 21 de marzo de 2020, llegaron al armerillo y se apoderaron de armamento y escuchar al azar en declaración a varios internos que resultaron heridos el día 21 de marzo de 2020. Escuchar al azar a los guardianes de los grupos operativos especiales (GROPE) que participaron en los hechos.

No es la primera vez que el amotinamiento, que duró diez horas y es considerado como uno de los más grandes en la historia del Instituto Nacional Penitenciario y Carcelario (INPEC), está en la palestra pública.

El pasado 24 de noviembre, la organización Human Rights Watch reveló los resultados de los análisis hechos a los 24 informes de necropsia que el Instituto Nacional de Medicina Legal y Ciencias Forenses de Colombia sobre las víctimas fatales del intento de fuga.

La conclusión de la ONG fue que “la mayoría de las heridas de bala descritas en los informes de necropsia son consistentes con que hayan sido infligidas con intención de matar”, algo que la propia ministra de justicia de la época, Margarita Cabello, justificó a pocas horas de los hechos, al explicar que estas se produjeron “mientras los guardias penitenciarios impedían un “plan criminal de fuga”.

En este contexto, la investigación declarada esta tarde por la Procuraduría se enfrenta a un problema de conflicto de intereses, pues el Congreso de la República nombró a Cabello como nueva jefe máxima del Ministerio Público, a partir de enero del próximo año.

Al respecto, Human Rights Watch recomendó que “Deben establecerse salvaguardias para asegurar que cuando Cabello asuma su nuevo rol como Procuradora General, la investigación sobre las muertes en “La Modelo” se lleve adelante de manera independiente y exhaustiva a fin de identificar a aquellos que puedan haber cometido delitos”.

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