Inician indagación preliminar por supuesto conflicto de interés en una licitación del Ministerio TIC

La Procuraduría abrió una indagación preliminar contra funcionarios del Ministerio de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones por un presunto caso de conflicto de interés en la licitación que abrió esa cartera para la implementación de 10.000 centros rurales conectados a internet.

La Red de Veedurías fue la entidad encargada de interponer una recusación contra el proceso y contra la ministra de la cartera, Karen Abudinen, para que se rechace la oferta de una de las firmas.

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Se trata de la oferta de la compañía UNIÓN TEMPORAL SES INRED, que pertenece al abogado Camilo Ernesto Valencia Suecún, quien al mismo tiempo es asesor del despacho de la ministra, y además, tiene otro contrato en curso como asesor de la Comisión de Regulación de las Comunicaciones.

El Espectador, que tuvo acceso a este proceso que abrió el Ministerio Público, señaló que se buscará verificar lo ocurrido y determinar si hay una falta disciplinaria o no. “Los documentos del proceso de licitación, así como el contrato con el señor Valencia, entre otros documentos, serán tenidos en cuenta por la Procuraduría”, informó el diario.

Según denuncian las veedurías, al abogado Valencia se le preguntó dos veces, antes de la audiencia, sobre su situación legal con el Ministerio y su trabajo actual con el mismo, sin embargo, negó completamente que hiciera parte de la nómina y solo hasta que en la audiencia le mostraron el contrato aceptó su vinculación con la entidad.

La Red de Veedurías solicitó, a través de un documento, al cual tuvo acceso La W, que se rechace la propuesta del funcionario dentro de esta licitación, pues va en contra de la legitimidad de todos los procesos de la entidad. “Se solicita se rechace la propuesta del oferente representado por Camilo Valencia, ya que se está rompiendo la igualdad de oportunidades y la transparencia del proceso, además los principios de la contratación pública”, cita textualmente el documento.

En total hay otros 10 participantes detrás de la licitación quienes manifestaron su indignación con el actuar del Ministerio y de su líder, y aseguraron que el conflicto de interés es completamente ilegal en este tipo de procesos y que el abogado tiene información privilegiada al estar trabajando directamente con el ente que los contrataría.

Mientras tanto, Valencia habló con La W y calificó como “ridículas las denuncias”. Según él, no existen preferencias para a escoger a otros competidores y no tiene una relación cercana con la ministra. Además aseguró que, no existe nada que lo inhabilite ni para el cargo que tiene en MinTIC, ni para sus asesorías y mucho menos para participar en un proceso de licitación.

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La subdirectora de Gestión Contractual, Sandra Orjuela Méndez, fue la encargada de poner la cara por la entidad y aseguró a La W que, en el contrato del señor Camilo Ernesto Valencia se dispuso un punto en el que se estableció que “quedan excluidos del objeto contractual los servicios de asesoría jurídica en materia de contratación administrativa”.

Valencia también ha trabajado durante varios años en entidades del sector y actualmente está contratado, a través del FONTIC, como asesor jurídico especializado de la ministra. Hasta el momento no se sabe cuándo se realizará el proceso de licitación y si el funcionario saldrá de la lista de competidores o solo se le hará un llamado de atención.