Según información de la emisora Blu Radio, el Juzgado Séptimo especializado le concedió libertad condicional a Gabriel Dumar Lora, representante legal del consorcio Sion, el cual se encargó de suscribir “contratos fachada”, para la ejecución de la obra constituida entre el tramo Ocaña-Gamarra con el Consorcio Constructor Ruta del Sol.
El empresario fue arrestado en el 2017, pero hasta junio del presente año se le condenó a pagar 54 meses de prisión por el delito de enriquecimiento ilícito.
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Según la información de Blu Radio, Dumar solicitó libertad condicional con el argumento de haber cumplido 3/5 partes de su pena. La emisora también dio a conocer que el condenado además objetó “que ha hecho un proceso importante de resocialización y que su conducta ha sido ejemplar”.
Dumar accedió previamente a un principio de oportunidad por el delito de lavado de activos, que le fue otorgado por colaborar con la justicia al destapar la participación de senadores en el caso de corrupción.
La W informó que el juez encargado del caso aceptó los argumentos presentados por la defensa de Dumar, y accedió a ordenar su libertad ya que “con las horas de trabajo completadas”, el empresario cumplía con los requisitos de ley que le permitieron acceder al beneficio.
Según relató Blu Radio, Gabriel Dumar, sostuvo que le “entregaron 17.000 millones de pesos como parte de los sobornos para adjudicación de la Ruta del Sol II”.
Además, agregó que “de esos dineros le entregó 12.000 millones de pesos al exsenador Bernardo Miguel ‘El Ñoño’ Elías y el resto al exsenador Otto Bula”.
La Fiscalía General de la Nación a su vez aseguró que esos dineros llegaron al exsenador Antonio Guerra y al exviceministro de Asuntos Agropecuarios del Ministerio de Agricultura, Luis Miguel Pico Pastrana.
El ente investigador pudo comprobar que se entregaron 6,5 millones de dólares en sobornos, correspondiente solo a la Ruta del Sol II.
Otros de los implicados en el caso que recobró la libertad recientemente fue el exmiembro de la Cámara de Representantes y exsenador Plinio Olano, quien logró el beneficio luego de que la Corte Suprema no encontrara pruebas contundentes que vincularan al ingeniero y político colombiano en uno de los escándalos de corrupción más grandes y polémicos de Latinoamérica.
Aunque quedó absuelto de responsabilidades en el caso el pasado en diciembre de 2019, su carrera política se vio terminada. El Consejo de Estado declaró la muerte política de Olano como consecuencia de las acusaciones de tener relaciones ilegales con los empresarios brasileños, es decir, desde julio del año pasado, cuando el alto tribunal confirmó la decisión, el exsenador no tiene permitido hacer parte de la política del país.
El caso Odebrecht salpicó, además de funcionarios colombianos, a presidentes, expresidentes e integrantes del gobierno de 12 países más: Angola, Argentina, Brasil, Ecuador, Estados Unidos, Guatemala, México, Mozambique, Panamá, Perú, República Dominicana y Venezuela.
A la empresa constructora se le acusó de haber realizado coimas de dinero y sobornos, a funcionarios de dichos países, durante los últimos 20 años, para obtener beneficios en contrataciones públicas.
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