Casa de Nariño asegura que Juan Carlos Granados no tenía sanciones ni condenas que impidieran su aspiración

La Presidencia de la República, a través de un comunicado, señaló que Juan Carlos Granados, excontralor de Bogotá para el cargo de magistrado de la Comisión Nacional de Disciplina Judicial (CNDJ) y acusado por la Fiscalía General de la Nación ante la Sala Especial de Primera Instancia de la Corte Suprema de Justicia por el escándalo de Odebrecht, no contaba en su expediente con ninguna sanción ni condena penal, disciplinaria o fiscal.

Con ocasión de las integración de las ternas presentadas al Congreso de la República para la elección de los magistrados, aseguran que la comisión integrada para verificar las hojas de vida de los aspirantes al cargo de magistrado de la Comisión Nacional de Disciplina Judicial (CNDJ) revisó los antecedentes penales, fiscales y disciplinarios de todos los candidatos que se presentaron. Durante este proceso, no se encontraron precedentes inscritos que legalmente impidieran la aspiración de Juan Carlos Granados Becerra.

También aseguran que Cristian Staper Buitrago, Jhon Jairo Morales Alzate, Magda Victoria Acosta Wualteros, Gloria María Arias Arboleda, Nerio José Alvis Barranco, Carolina del Pilar Gaitán Martínez, Orlando Aníbal Guerra y Mauricio Fernando Rofríeuz Tamayo, tampoco presentaron antecedentes o procesos judiciales que los imposibilitaran en su aspiración.

En 2018, señala El Espectador, la Fiscalía le imputó cargos a Juan Carlos Granados, basándose en el testimonio de Federico Gaviria, empresario condenado por el caso Odebrecht, carrusel de contratación a través de sobornos para la adquisición de convenios millonarios en 12 países, entre ellos, casos ocurridos en Colombia. El proceso que se adelanta contra Granados delegó una audiencia para el próximo 7 de diciembre para que la entidad judicial lea el escrito de acusación en su contra.

El documento, según el medio, asegura que Granados Becerra adjudicó contratos estatales a Odebrecht a cambio de que la empresa brasileña apoyara su campaña a la Gobernación de Boyacá con $200 millones. Los cargos imputados son concierto para delinquir, interés indebido en la celebración de contratos y tráfico de influencia de servido público.

Por su parte, según RCN Radio, la Fiscalía General de la Nación citó en el escrito de acusación varios testimonios que lo vinculan con Odebrecht en la Corporación Autónoma Regional (CAR) para la ampliación de la planta de tratamiento de aguas residuales del Salitre. El contrato no se celebró, pues estalló el escándalo de corrupción.

La convocatoria se realizó del 5 al 19 octubre en ejercicio de la facultad institucional señalada en la Constitución Política de Colombia y en cumplimiento con la sentencia de la Corte Constitucional. El proceso fue estipulado en el Decreto 1323 del 1 de octubre de 2020 que señala a la Comisión Nacional de Disciplina Judicial (CNDJ) como la entidad que tiene la competencia sobre los funcionarios y empleados de la Rama Judicial. Además, dentro de sus facultades está examinar la conducta y sancionar las faltas de los abogados. Asimismo, la Comisión debe estar conformada por siete magistrados, cuatro de los cuales serán elegidos por el Congreso y los tres restantes serán seleccionados de ternas enviadas por el presidente de la República.

Los candidatos a magistrado de la Comisión deben acreditar ser colombianos de nacimiento y ciudadanos en ejercicio, no haber sido condenados por sentencia judicial a pena privativa de la libertad, excepto delitos políticos o culposos y haber desempeñado, durante cinco años, cargos en la Rama Judicial o en el Ministerio Público o haber ejercido la profesión de abogado.