Responsables de la masacre en Llano Verde enfrentarían una pena de 60 años

El pasado 11 de agosto, cinco menores de edad, identificados como Juan Manuel Montaño, Leyder Cárdenas, Jean Paul Perlaza, Jair Andrés Cortés y Álvaro José Caicedo, fueron masacrados en Llano Verde, Valle del Cauca.

Los cuerpos de las víctimas fueron hallados en un cañaduzal de esa zona del suroriente de Cali con heridas con arma de fuego y uno de ellos con herida de arma blanca en horas de la noche, luego de estar desaparecidos todo el día y de ser buscados por sus familiares.

Este martes, 1 de diciembre, se conoció que los implicados en la masacre Juan Carlos Loaiza Ocampo, quien era vigilante de la empresa Control Interno y Transporte, y Jefferson Marcial Angulo Quiñonez, operario de máquinas en AIRO, podrían enfrentar una pena de hasta 60 años de prisión.

El tercer implicado, identificado como Gabriel Alejando Bejarano sigue siendo buscado por las autoridades, y se ofrece una recompensa de hasta 50 millones de pesos.

“Se asignaron roles, se distribuyeron tareas, se hicieron aportes esenciales que se ejecutaron y consumaron; pues los menores fueron perseguidos, encerrados, sometidos y asesinados con arma de fuego”, señaló el documento de la Fiscalía.

Los acusados enfrentan cargos por fabricación, porte y tráfico de armas de fuego o municiones y homicidio agravado.

Aunque para Elmer Montaña, abogado de una de las familias de las víctimas, las pruebas entregadas por Medicina Legal dan el soporte suficiente para que a los dos capturados por este hecho también se les impute el delito de tortura.

“Extrañamos que la Fiscalía no los haya imputado y acusado también por el delito de tortura, pese a que existe constancia de Medicina Legal que dos de los menores habían sido torturados previamente”, agregó el abogado.

Asimismo, los implicados en esta masacre no tendrían derecho a ningún tipo de rebaja o beneficio por expresa prohibición de la ley.

Cabe mencionar que, el pasado 29 de agosto, un juez de control de garantías de Cali envió a la cárcel a Loaiza y a Ángulo, quienes no aceptaron los cargos y manifestaron que el autor material fue Gabriel Bejarano, alias El Mono.

Además, para conocer de primera mano la situación de los familiares de los cinco jóvenes masacrados en Llano Verde, Juliette de Rivero, representante en Colombia de la Alta Comisionada de la ONU para los Derechos Humanos, se reunió con una de las madres de los menores el pasado 19 de noviembre.

En la reunión, la funcionaria se comprometió a hacer seguimiento y acompañamiento en el proceso de verdad y esclarecimiento de los hechos.

“Los familiares plantean la importancia de que los responsables sean juzgados, que se establezca toda la verdad de cómo sucedieron los hechos y las razones por las que ocurrieron”, declaró Berenice Celeyta, directora de la Asociación para la Investigación y la Acción Social (NOMADESC).