La Sala de Reconocimiento de la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP) informó, este miércoles 2 de diciembre, que a la fecha se han reconocido más de 180.000 víctimas y 124 organizaciones campesinas, afrodescendientes e indígenas en el caso 05 que prioriza la situación territorial en el sur del departamento del Valle del Cauca y el norte del Cauca.
En las últimas semanas, según el Tribunal de paz, se han acreditado 10 organizaciones indígenas, 8 consejos comunitarios afrodescendientes y 6 organizaciones campesinas en el caso que le da prioridad a las violaciones de derechos humanos en 17 municipios de estos departamentos al sur del país a causa del conflicto armado interno.
La Jurisdicción señaló en un comunicado que se han logrado acreditar la mayoría de las organizaciones campesinas, indígenas y afrodescendientes de del sur del Valle y todas las del norte del departamento del Cauca.
Las últimas organizaciones en ser acreditabas fueron la Organización Regional Indígena del Valle del Cauca (Orivac) integrada por más de 6.000 indígenas de 2.181 familias que habitan nueve resguardos al sur del departamento; y la Federación Nacional Sindical Agropecuaria del Cauca (Fensuagro) aceptada como interviniente especial en calidad de víctima en este macrocaso.
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Oto colectivo acreditado es el de los consejos comunitarios del municipio de Florida de la Acequia, Ángel de la Luz del corregimiento de Chocosito que reúne más de 7.800 habitantes en el límite departamental; así como la Asociación Municipal de Usuarios (Amuc), del municipio de Pradera al suroriente del Valle del Cauca y las organizaciones campesinas de Caldono, Cauca: Asfavical, Unidos Lograremos la Paz, Asociación de Mujeres Víctimas del Conflicto Armado, Tejedoras de Arte y Cultura de Caldono y JAC-Siberia.
El caso 05
El caso 05 le da prioridad a las violaciones de derechos cometidas en los municipios de Quilichao, Suárez, Buenos Aires, Morales, Caloto, Corinto, Toribío, Caldono, Jambaló, Miranda, Padilla y Puerto Tejada en el Cauca, y Palmira, Pradera, Florida, Candelaria y Jamundí, en el Sur del Valle del Cauca.
Por último, la JEP señaló que este caso fue priorizado debido a los informes presentados por las Fiscalía General de la Nación, el Centro Nacional de Memoria Histórica y la Organización Nacional Indígena en los que se evidenciaba el impacto del conflicto interno en estos territorios con poblaciones vulnerables.
“En esos documentos, la Sala de Reconocimiento identificó hechos graves como desplazamiento forzado, secuestros, tortura, violencia sexual, muertes producto del conflicto armado, confinamiento, siembra de minas antipersonal, reclutamiento forzado, desaparición forzada, ataques a la población civil, amenazas y atentados al medio ambiente y al territorio, por parte de integrantes de las Farc- EP y de miembros de la fuerza pública entre el 1 de enero de 1993 y el 1 de diciembre de 2016”, concluyó la JEP.
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