El director de la Policía, general Óscar Atehortúa, es investigado por la Procuraduría General de la Nación por corrupción derivada de presuntas irregularidades en un contrato de casas fiscales en el municipio de San Luis, en el departamento del Tolima y, también, por presuntas faltas del líder de la institución al investigar el caso.
El pasado martes, primero de diciembre, se llevó a cabo una audiencia del Ministerio Público en la que el director de la Policía interrogó al general William René Salamanca, quien se insertó al proceso como testigo en el caso de presunta corrupción.
En uno de los cargos, el cual la Procuraduría considera de alta gravedad, se relacionó directamente con el presunto impedimento de Atehortúa a dicho funcionario inspector para dilatar la investigación del caso.
El ente disciplinario reprochó “que aparentemente utilizara de manera indebida la influencia derivada del ejercicio de su cargo, para que el inspector general de esa institución, mayor general William René Salamanca Ramírez, no diera curso a una actuación disciplinaria que estaba adelantando por posibles irregularidades ocurridas en el proyecto CENOP, en la que podía resultar comprometida su responsabilidad, lo que representaría una falta gravísima”, ante esto, la Procuraduría resaltó una reunión en 2019 entre el director de la Policía y el inspector en cuestión. En dicha reunión, Óscar Atehortúa habría enviado a vacaciones a Salamanca por 400 días.
En esta oportunidad, los representantes de Atehortúa cuestionaron al inspector durante la primera parte de la audiencia, desde las 8 de la mañana. Posteriormente, fue el turno del director de la institución, compromiso que se extendió hasta las 7:10 de la noche.
Durante la diligencia, Salamanca reveló detalles del estado de las casas fiscales en el municipio del Tolima, las cuales, según su testimonio, se entregaron aún sin terminar su obra. Entre las dificultades, destacó “problemas de acceso, manifestaban problemas con las plantas de tratamiento de aguas residuales, problemas de mantenimiento, la piscina del comandante no funcionaba.”
A pesar de los señalamientos en contra del caso, Salamanca afirmó que seguirá al frente de la investigación. “Seguiré enfrentando la corrupción, sin dilación, seguiré atacando las expresiones de indisciplina interna para garantizar el futuro de mi policía”. Además, resaltó que no se estuviera acudiendo a esas audiencias si no se hubiese firmado el “contrato amigable” el 5 de abril del año 2014.
El general Salamanca fue enfático al negar una supuesta conspiración en contra del director de la institución, como algunos afirman. A las 6 de la tarde, cerrando la audiencia, el inspector expresó su respeto a Atehortúa y señaló que el proceso investigado no se trata de una guerra de poderes en la institución, como lo expresó anteriormente la defensa del director.
“Dejo constancia de que aquí no hay ningún complot contra el director general de la Policía Nacional”, aseveró y resaltó que lo que guían las investigaciones es un propósito institucional para luchar en contra de la corrupción dentro de la institución que Atehortúa lidera.
“Dejo constancia de que aquí no hay ningún enfrentamiento contra el director general de la Policía. Soy respetuoso del director general de la Policía, no es nada personal”, finalizó su intervención.
Atehortúa ya compareció ante la Fiscalía
En la mañana de este lunes, el general Óscar Atehortúa, tuvo que presentarse en una audiencia en la Fiscalía para responder por las acusaciones de la Procuraduría. La Fiscalía 4 delegada ante la Corte Suprema de Justicia fue la encargada de indagar al funcionario por la ejecución irregular del contrato para la construcción de las casas fiscales ‘Cenop’.
Desde las 8:00 de la mañana, el general Atehortúa declaró ante dicha instancia en una audiencia reservada. La diligencia giró en torno al caso que también lo involucraría en temas de extralimitación y tráfico de influencias, actos cometidos en 2019, los cuales generaron una polémica discusión con Salamanca, quien aseguró estar decepcionado de Atehortúa en la declaración que hizo el pasado 24 de noviembre frente al caso.
Según la Contraloría, dicho contrato generó un detrimento que asciende los 5.364 millones de pesos. En el momento, el ahora director ejercía como el jefe del Fondo Rotatorio de la institución.
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