Funcionaria de la Supersalud condenada por actos de corrupción

La Procuraduría General de la Nación sancionó a Eva Carrascal, ex Superintendente Delegada para la Supervisión Institucional de la Superintendencia Nacional de la Salud, por haber cometido actos de corrupción en el ejercicio de su cargo, específicamente, por haber recibido un apartamento a modo de agradecimiento por agilizar trámites de la entidad.

Carrascal estuvo en el cargo desde el 7 de abril de 2015 hasta el 23 de enero de 2018 y, durante ese periodo, explicó la Procuraduría, entidad encargada de sancionarla, la mujer habría recibido “dinero, utilidad y promesa remuneratoria por parte de empresas e instituciones prestadoras de salud”, a cambio de favores legales como, por ejemplo, agilizar trámites de pagos de cuentas médicas de las IPS, delito que el ente de control sentenció como ‘cohecho impropio’.

Según la investigación, el inmueble que recibió la ex funcionaria de la Supersalud, estaba avaluado en $1.440 millones, y había sido comprado con fondos de Aser Salud, Clinical Corporation y G3. El apartamento está ubicado en un exclusivo sector de la ciudad de Bogotá y forma parte del condominio Bosque Residencial La Reserva.

La Procuraduría aseguró que, mientras la funcionaria estuvo en el cargo, su patrimonio personal tuvo un ascenso considerable e injustificado pues, llegó a recibir $145.391.060 de más, situación que la misma funcionaria no pudo explicar en las audiencias del proceso disciplinario que se abrió en su contra.

El fallo, que la dejó por fuera de cualquier cargo público durante los próximos 20 años de su vida, argumentó que, “los actos de corrupción en que incurrió la investigada destrozaron la sujeción que tenía con la ley como fundamento, límite y legitimidad de su actuación, y socavó los cimientos que orientan la función pública y el interés general que debe perseguirse por todo servidor público en desarrollo de la misma”.

Además de la destitución y sanción que recibió Carrascal, la Procuraduría General de la Nación le ordenó a la Superintendencia Nacional de Salud el envío de documentos propios que podrían llevar a que, en la investigación, caigan los nombres de otros implicados en el caso.

En mayo de este año, la ex funcionaria ya había aceptado los cargos que se le imputaron respecto a sus comportamientos corruptos dentro de la entidad, por lo que fue condenada a cumplir una pena de 80 meses y un día de prisión, a pagar una multa de 69,26 salarios mínimos mensuales legales vigentes.

El caso de corrupción en la salud también se llevó por delante al ex interventor de Saludcoop y ex presidente de Cafesalud, Guillermo Grosso Sandoval, al administrador de varias IPS, Jhon Alexander Colmenares Russi, y al entonces director médico nacional de Cajacopi EPS, Javier Pena Ramírez.

Cuando se destapó el escándalo, la Fiscalía aseguró que tenía en su poder más de 500 audios de interceptaciones en donde se se evidenciaba la red de corrupción que se vivió durante 2016.