En la mañana de este martes 1 de diciembre, el defensor del Pueblo, Carlos Camargo, informó a la opinión pública que los grupos armados ilegales continúan cometiendo reclutamientos forzados de niñas, niños y adolescentes durante la pandemia de covid-19.
La Defensoría del Pueblo anunció a través de un comunicado que, en “un trabajo realizado por servidores de la Entidad, del 17 de marzo al 30 de septiembre, se tuvo conocimiento de 83 casos, de los cuales 23 fueron reportados por Defensores Comunitarios; 23 directamente en las oficinas de la Defensoría del Pueblo; seis por ONG; 2 por la Agencia de Naciones Unidas y 29 por otras entidades”.
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La institución confirmó que estos serían los números de casos por departamentos, en donde más se han reportado casos de reclutamiento de menores:
21 en Caquetá; 19 en Cauca; 8 en Putumayo; 7 en Antioquia; 6 en Arauca; 4 en Chocó; 3 en Amazonas y Córdoba, cada uno; 2 en Huila, Meta, Vichada y Nariño (específicamente en Tumaco) y un caso en Bolívar, Boyacá, Cundinamarca y Tolima. De todos los casos, un 80 % ocurrieron en zonas rurales.
A su vez, dio a conocer que las edades de las víctimas oscilan entre los 8 y los 18 años. El 33% de estos son menores de 14 años y el 59% son hombres (49 casos). Además, 20 son indígenas y 2 afrodescendientes.
En cuanto a los grupos armados del país identificados por la Defensoría del Pueblo como los autores del reclutamiento, se señalaron los siguientes:
“Están facciones de las disidencias las FARC-EP, con 54 casos (63%); grupos armados del crimen organizado, con 5; grupos posdesmovilización de las AUC, con 5; el ELN, con 6; disidencias GAOR 36, con 2; Autodefensas Gaitanistas de Colombia, con 1, y no se tiene información en 10 casos”, aseguró la autoridad estatal.
Además del reclutamiento forzado, estos grupos armados están cometiendo otros delitos de los que son víctimas los menores de edad, “como desplazamiento forzado (18 casos); amenazas (16); desapariciones forzadas (3); violencia sexual (2); lesiones personales (2) y otros (16)”.
“Hacemos un llamado a los grupos armados ilegales para que respeten los derechos humanos de los colombianos y se acabe el flagelo del reclutamiento forzado de niñas, niños y adolescentes y mucho más cuando sus familias son afectadas por la pandemia en cuanto a su salud y a la falta de recursos económicos”, indicó el defensor del Pueblo.
Según la entidad es importante para la solución de esta problemática que se establezcan mecanismos y oportunidades desde la legalidad:
“Se requiere formular estrategias de generación de ingresos que contribuyan a la satisfacción de necesidades básicas tanto de menores de edad como a sus familiares y/o cuidadores. Así mismo, ampliar la oferta de oportunidades desde la legalidad, que les permita generar proyectos de vida posibles y adecuados a sus expectativas, de manera que perciban más y mejores condiciones de protección contra las amenazas de los grupos armados ilegales”.
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