Este martes q de diciembre, la Comisión sobre Política de Drogas del Congreso de los Estados Unidos publicó su más reciente informe, de 117 páginas, sobre el rumbo que debe tomar ese país, pero también las naciones de América Latina para combatir el tráfico de drogas. En el escrito hay un capítulo entero dedicado a la situación que vive Colombia frente a la problemática social que implican los cultivos de coca y de marihuana.
Esta Comisión resalta que si los Programas de Desarrollo con Enfoque Territorial (PDET), en los que viene trabajando el Gobierno de Iván Duque en más de 170 municipios del país, se implementan adecuadamente, “debería replicar los logros de otros esfuerzos holísticos y focalizados, como el plan de consolidación en La Macarena”.
El informe expone que la Policía Nacional, que depende del Ministerio de Defensa, ha tenido problemas para encontrar y capacitar nuevos reclutas, especialmente en las zonas rurales. Solo cinco de los 32 departamentos del país cumplen constantemente los objetivos de contratación.
Las recomendaciones de la Comisión para Colombia
Bajo la cooperación entre Estados Unidos y Colombia, la Comisión sobre Política de Drogas del Congreso de los EE.UU. pide formular una estrategia que integre programas de interdicción de drogas, seguridad y desarrollo alternativo en un enfoque integral y focalizado que aborde las necesidades específicas de las comunidades afectadas por organizaciones criminales.
“Estados Unidos y Colombia deberían considerar la posibilidad de convocar una conferencia internacional que incluya representantes de otras naciones donantes, organizaciones multilaterales y el sector privado. Una mejor coordinación entre las agencias del gobierno anfitrión, los donantes y otras partes interesadas clave es especialmente importante para mantener estos esfuerzos y hacer un uso eficiente de los recursos limitados”, se lee en el informe.
Así mismo, desde Washington D.C. proponen que Estados Unidos facilite la asistencia a los desmovilizados en las zonas de posconflicto con programas de desmovilización y reintegración en estas regiones.
“Aunque la Agencia de los Estados Unidos para el Desarrollo Internacional ha obtenido exenciones específicas para trabajar con exniños soldados, no ha podido apoyar los programas de PDET en algunas comunidades. Una licencia de la OFAC permitiría al gobierno de Estados Unidos apoyar los esfuerzos del gobierno colombiano para proporcionar medios de vida alternativos a los ex rebeldes y sus familias”, proponen.
La erradicación forzada de cultivos ilícitos
Sobre este punto, la Comisión señala que los esfuerzos de erradicación, ya sean aéreos o manuales, deben centrarse en los productores de coca a gran escala o usarse selectivamente, en consulta con los líderes locales, para evitar que los traficantes regresen a esas áreas.
“Enviar trabajadores y fuerzas de seguridad áreas remotas para eliminar pequeñas parcelas de coca es un esfuerzo inútil y, en última instancia, inútil”, se lee en el informe.
Mientras que por el lado de la destrucción de laboratorios de cocaína, aseguran que los estudios sugieren que destruirlos y confiscar precursores químicos puede ser más rentable y menos dañino para las comunidades locales que erradicar los cultivos de coca.
Construcción de carreteras terciarias
El informe también vincula la construcción de carreteras como una forma popular y muy visible de demostrar el progreso. Dice el escrito que esa actividad proporciona empleo inmediato mientras se afianzan los esfuerzos a más largo plazo.
“Las carreteras están correlacionadas negativamente con la producción de coca. Permiten la entrada de fuerzas de seguridad y otros servicios públicos y ayudan a los agricultores a sacar al mercado productos perecederos o frágiles, socavando una de las principales ventajas de la pasta de coca, que se puede meter en un saco y transportar en un mochila, si es necesario”, señalan desde el Congreso estadounidense.
La importancia de la tierra para el campesinado
Otra recomendación que le hace esta Comisión a Colombia es la de acelerar la titulación de tierras e inclusión financiera de los campesinos.
“Los funcionarios estiman que más de la mitad de las parcelas rurales en Colombia carecen de títulos formales, lo que dificulta a los agricultores obtener crédito, acceder a servicios gubernamentales o atraer inversión”, señalan.
El informe además propone que Estados Unidos debería extender o establecer un trato preferencial para los productos de áreas postconflicto para fomentar inversiones sostenibles impulsadas por la demanda.
“La Corporación de Financiamiento para el Desarrollo de los Estados Unidos (DFC), una nueva agencia federal que apoya proyectos de desarrollo privados, es otra forma de expandir el financiamiento para las empresas que deseen invertir en áreas posteriores a conflictos”, puntualizan en el escrito.
Aquí puede conocer en su totalidad el informe de Comisión sobre Política de Drogas del Congreso de los Estados Unidos:
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