Margarita Cabello, designada como nueva Procuradora, estaría impedida para investigar las muertes en cárcel La Modelo

Organizaciones de derechos humanos aseguran que de las 24 muertes del motín en la penitenciaría bogotana, 19 son catalogadas como “homicidios”.

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La protesta del 21 de
La protesta del 21 de marzo de 2020, en la que murieron 24 reclusos, fue para exigir mayores medidas sanitarias tras la coyuntura por el covid-19, según los reos. Foto: Minjusticia

Margarita Cabello, designada por el presidente Iván Duque como Procuradora y quien comenzará en el cargo en el 2021, tendría que declararse impedida para investigar y sentenciar disciplinariamente a los responsables por el motín que se registró en marzo pasado en la cárcel La Modelo de Bogotá.

El impedimento de Cabello se debe a que, cuando ocurrieron los hechos, la procuradora electa fungía como ministra de Justicia del gabinete Duque y apoyó la operación ejecutada por el Instituto Nacional Penitenciario y Carcelario (INPEC) que dio como resultado 24 reclusos muertos.

“Hubo un intento masivo y criminal de fuga”, sentenció Cabello en su momento, después de que se conocieron los hechos en la penitenciaría. Es decir, que cuando Margarita Cabello, quien es abogada y se desempeñó como presidenta de la Corte Suprema de Justicia, comience a ejercer como Procuradora, deberá respaldar la versión que mencionó en su momento: la situación en La Modelo fue un motín por fuga.

Tras las declaraciones de Cabello, en los últimos días organizaciones en pro de los derechos humanos analizaron los informes forenses de los más de 20 reos fallecidos durante el enfrentamiento en marzo de este año. Por su parte, Human Rights Watch -una de las entidades- reveló que los guardianes del INPEC que se encontraban durante el motín “entraron a matar”, por lo que califican que lo que sucedió allí fue una masacre indiscriminada y no para detener una supuesta idea de fuga.

El análisis de los 24 fallecidos durante el motín fue realizado Independent Forensic Expert Group (IFEG) y el International Rehabilitation Council for Torture Victims (IRCT) a petición de la organización estadounidense Human Rights Watch.

“La mayoría de las heridas de bala descritas en los informes de necropsia son consistentes con que hayan sido infligidas con intención de matar”, dice uno de los apartados del informe. Lo que querría decir que las heridas de bala que recibieron los presos no fueron solo para herirlos y evitar la fuga, sino asesinarlas.

En diálogo con Noticias Uno, José Miguel Vivanco, director para las Américas de Human Rights Watch, manifestó que la justicia colombiana, sobre todo la Fiscalía General de la Nación, “tiene la obligación de adelantar investigaciones oportunas, imparciales y exhaustivas y garantizar que los responsables por el uso excesivo e injustificado de la fuerza letal respondan por sus actos”.

“Una cosa es impedir que escapen personas detenidas y otra muy distinta es llevar a cabo ejecuciones extrajudiciales de detenidos. Las autoridades colombianas tienen la obligación de garantizar una investigación seria y efectiva que determine qué fue lo que ocurrió en La Modelo”, aseguró en su momento Vivanco.

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Por su parte, Esmeralda Echeverry, directora de la Fundación Cárceles al Desnudo, en diálogo con el informativo independientemente, aseguró que “lo que sucedió en la Cárcel Modelo de Bogotá fue una auténtica masacre debido al uso excesivo de la fuerza, encabezada por funcionarios del INPEC y auspiciado obviamente por funcionarios de alto rango”.

Echeverry, quien ha asistido el caso desde sus inicios, denunció ante las cámaras de Noticias Uno que ha entrevistado a los reclusos y a sus familiares y con base en esa información, asegura que entidades del Gobierno sabían que los presos adelantarían marchas pacíficas para exhortar al Estado sobre la situación del coronavirus en las penitenciarias.

“La Dirección General del Inpec y el Ministerio de Justicia tenían pleno conocimiento de que los internos a nivel nacional ese día iban a realizar jornadas pacíficas para exigirle al Estado colombiano garantías ante la inminente llegada del COVID-19 hasta las cárceles. Por eso no se habría tratado de una sorpresa. La guardia estaba preparada”, denuncia Echeverry, quien añade que varios internos le dijeron que los guardias del Inpec “llegaron a matar” y que fueron dirigidos, principalmente por la “ministra Margarita Cabello, quien dio una primera y única versión sobre lo sucedido”.

La directora de la Fundación Cárceles al Desnudo concluyó diciendo que las actuaciones de la próxima procuradora Cabello fueron frías e indolentes y “lo que nos parece peor es que el Estado colombiano la haya premiado confirmándolo como la nueva procuradora”, cuestionó Echeverry.

La investigación que se adelante en estos momentos también fue criticada por la entidad estadounidense, aún más, adhieren el punto de vista de Echeverry, acerca que después de lo sucedido en la cárcel bogotana, el Gobierno de Colombia haya designado a Cabello como Procuradora y aún más, que sea la encargada de juzgar disciplinariamente a los guardias presuntamente involucrados en lo que consideraron “muertes intencionales” en La Modelo.

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