Este domingo 29 de noviembre, la Dirección de Información, Análisis y Reacción Inmediata (DIARI) de la Contraloría General señaló, por medio de un informe, 69 irregularidades en la entrega de raciones de alimentos por parte del Instituto Colombiano de Bienestar Familiar (ICBF), a través del Programa de Canastas Nutricionales, durante la emergencia sanitaria.
Según la Contraloría, cuando se declaró la emergencia sanitaria por el covid-19, el Programa Canastas Nutricionales contrató a diferentes operadores para que se encargaron de la alimentación “en los hogares de los niños y niñas entre cero y cinco años y madres gestantes registrados en el programa”.
En el estudio, la entidad identificó que de las 28 mil raciones de alimentos que entregaron contratistas del ICBF, 15 mil fueron para beneficiarios que registran como fallecidos, según la Registraduría Nacional; y de estas, 4.548 se realizaron en La Guajira, durante mayo, junio y julio.
Asimismo, en el municipio de Chimichagua, Cesar, una mujer aseguró ser la madre de 172 niños y niñas, y de uno más en Fundación, Magdalena.
En los municipios de Teorama, Hacarí, San Calixto, La Playa, Ábrego y El Carmen, en Norte de Santander, también se presentaron casos similares, donde se identificó a un adulto que reclamó 195 beneficios al mismo número de menores de edad.
Respecto a la inversión monetaria, la entidad reportó una anormalidad de más de 2 mil millones de pesos, pues cada ración aumenta según el tipo de Centro Zonal desde donde se entrega y si son para mujeres gestantes y madres en periodos de lactancia.
<mark class="hl_orange"><b>La respuesta del ICBF</b></mark>
Tras los señalamientos por parte de la Contraloría, el Instituto de Bienestar Familiar manifestó, a través de un comunicado, que desde el primer momento de la pandemia se le pidió acompañamiento al organismo de control y que no ha recibido oficialmente el documento por parte de la entidad.
“El ICBF no ha recibido oficialmente el informe de la Contraloría General, a quien de manera particular solicitó apoyo en el proceso de supervisión y verificación a los operadores de primera infancia que están encargados de llevar las canastas nutricionales a las familias beneficiarias”, puntualizó Lina María Arbeláez, directora del Instituto Colombiano de Bienestar Familiar.
Además, Arbeláez manifestó que desde el ICBF se ha venido trabajando en la creación de herramientas para evitar que los operadores se lucren de los recursos destinados a la niñez como la aplicación BienestarApp y Betto.
“Betto incorpora la inteligencia artificial, la capacidad de utilizar algoritmos de control en las plataformas de ciberseguridad, para darles todas las certezas a los procesos de contratación administrativa”, señaló la directora del ICBF.
De igual forma, advirtió que se adelantarán todas las investigaciones de carácter administrativo que permitan establecer las responsabilidades de los contratistas, y que de encontrarse, tendrán que responder penalmente.
Asimismo, por medio de sus redes sociales, la directora se pronunció al respecto y priorizó la importancia de los recursos destinados para la niñez.