El suministro de canastas alimentarias destinadas a niños y niñas entre 0 a 6 años, como ayuda para familias de escasos recursos afectadas por el aislamiento general obligatorio vivido en el país durante los meses de marzo a agosto de 2020, conoció un nuevo caso de corrupción revelado por la Contraloría General de la Nación, que estableció una alerta por desvío de dichas ayudas a individuos fallecidos o que fingieron ser acudientes de menores en distintas zonas del país, entre otras situaciones.
En total fueron 69 alertas en el territorio nacional durante el tiempo del primer pico de la pandemia.
Las entregas fueron hechas por contratistas de Instituto Colombiano de Bienestar Familiar a madres comunitarias e instituciones prestadoras de servicios, y su objetivo era proveer alimentación para niños y niñas de 0 a 6 años, a través de planillas gestionadas a mano, que fueron, con posterioridad, base de la investigación que permitió a la entidad establecer la alerta.
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Comen los muertos
De acuerdo con la Dirección de Información, Análisis y Reacción Inmediata de la Contraloría (DIARI), uno de los descubrimientos fue encontrar que 15.580 acudientes del programa están reportados como fallecidos por la Registraduría.
En Chocó, donde fueron entregadas 37 canastas alimentarias, 16 menores de edad las recibieron, y también están reportados como fallecidos por la entidad.
En Nariño, se presentó el mismo caso con 2 menores fallecidos.
Familias numerosas y repartidas en municipios del país
Otro caso fue el de acudientes que llenaron planilalas por más de 150 menores en distintas regiones de Colombia.
Por ejemplo: en Chimichagua, Cesar, una beneficiaria recibió canastas alimentarias para 172 de sus “hijos”, y posteriormente gestionó otras más para los municipios de Fundación, Magdalena y Buenaventura.
Otro caso: el del tío “político” de 134 menores de edad, que recibió la totalidad de las raciones, sin distribuirlas a sus “sobrinos”.
Canastas que llegaron y otras que están pendientes
También los hallazgos están relacionados con la cadena de logística alimentaria, a cargo de contratistas del Instituto Colombiano de Bienestar Familiar.
Mientras en el departamento de La Guajira se entregaron a los acudientes de los menores beneficiarios un total de 4.548 canastas, en Medellín no fue entregada una sola canasta de las programadas en los meses de mayo, junio y julio.
El dato: la capital de la montaña debía recibir 2.691 canastas.
Cifras que no se compadecen con la crisis
Para la DIARI, el monto de este caso de corrupción con la alimentación de los niños y las niñas, llega a los $2.241 millones de pesos, siendo el costo por ración de $80.000 pesos.
Esta cifra no se conduele de la realidad de miles de niños y niñas que sufrieron episodios de hambre durante el primer pico de la pandemia.
Mientras la Contraloría gestionó esta alerta, advirtió al Instituto Colombiano de Bienestar Familiar de la importancia de digitalizar sus procesos.
La DIARI obtuvo estos resultados contrastando más de 100 mil planillas diligenciadas a mano en todo el país. El trabajo al detalle de los investigadores permitió la creación de un algoritmo capaz de detectar las inconsistencias en este tipo de registros.
Además, el anuncio de la Contraloría subrayó que muchos contratos de proveedores, por el orden de $12.087 millones, aún permanecen sin entregarse, pese a haber sido realizados desembolsos por cumplimientos de contrato.
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