De los 24 muertos que dejó un amotinamiento en la cárcel La Modelo de Bogotá, el pasado 21 de marzo de 2020, poco o nada se había vuelto a hablar, al menos hasta el 24 de noviembre pasado, cuando la organización no gubernamental Human Rights Watch (HRW) dio a conocer que 14 de las 24 muertes parecen ser homicidios intencionales.
La denuncia de HRW se dio luego de haber conocido el reporte de Independent Forensic Expert Group (IFEG) y el International Rehabilitation Council for Torture Victims (IRCT), a quienes les solicitó un análisis de las necropsias emitidas por el Instituto Nacional de Medicina Legal y Ciencias Forenses de Colombia.
En anuncio por parte de la ONG desvirtúa, al parecer, la teoría planteada por la Fiscalía General de la Nación que hasta hoy había tenido más peso: que el motín en la modelo había tenido la intervención de las disidencias de las FARC y de la guerrilla del ELN, como se aseguró en algún momento. Eso es lo que puede llegar a establecer la Procuraduría, que trabaja en un informe para llamar a juicio disciplinario a algunos miembros del Instituto Nacional Penitenciario y Carcelario (Inpec).
El informe de HRW toma aún más importancia si se tiene en cuenta que el día posterior al motín, cuando la Procuraduría desplazó su personal de investigación, la Fiscalía ya había realizado el levantamiento de los cuerpos y hasta había lavado el piso, según lo afirmado por fuentes cercanas al proceso al diario El Espectador. También es de preponderancia pues Margarita Cabello, autoridad máxima del Inpec en ese entonces, al ser ministra de Justicia, se desempeñará como Procuradora General de la Nación.
“La mayoría de las heridas de bala descritas en los informes de necropsia son consistentes con que hayan sido infligidas con intención de matar”, fue lo dicho por HRW. Pero no fueron los únicos hallazgos, el El Espectador, medio que tuvo acceso a las 24 necropsias, reveló algunos detalles.
Detalles de las necropsias
De las 24 muertes, 19 son catalogadas como “violenta-homicidio”, mientras que las otras cinco como “en contexto por determinar”. Además, tres de ellas fueron consideradas muertes bajo custodia estatal, por lo que, para su investigación, se debió haber aplicado el protocolo de Minessota, que el Instituto de Medicina Legal no cumplió.
En el caso de un recluso condenado por feminicidio, Henry Humberto Gómez Méndez, de 46 años, en el dictamen dice que murió por “confrontación con guardia y muerte”, según el informe al que tuvo acceso el diario bogotano. Gómez Méndez murió consecuencia de un disparo en el cráneo.
En el informe también se evidencia que hay quienes fallecieron sin pelear o enfrentarse a los guardias del Inpec. Tal es el caso de Euclides José Pérez, de 29 años, en el que Medicina Legal estableció que no tiene lesiones compatibles con patrones de lucha, sujeción o defensa”. Entretanto, hay cuerpos en los que se halló golpes en el torso y piernas, con indicios de haber sido arrastrados.
Entre los hallazgos compartidos por El espectador también sobresale, según el informe al que tuvo acceso, que algunos de los reclusos que murieron no tuvieron acceso a atención médica tras las heridas. Uno de los casos es el de Cirus David Rojas Ospina, de 24 años, quien murió por una hemorragia producto de dos balazos. Sobre su caso, en los registros de Medicina Legal se lee: “No tiene huella de tratamiento médico”
En los próximos días, se espera que el procurador Fernando Carrillo se pronuncie acerca de los hechos del 21 de marzo, luego de que el Ministerio Público culminé el informe que adelanta.
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