Entre el 2% y el 3% debe aumentar, en promedio, el salario mínimo en 2021. De acuerdo con Mauricio Santamaría, presidente de la agremiación, esta propuesta, que debe discutirse junto a las centrales obreras y el gobierno, está acorde con la crisis económica y la recesión del país.
En declaraciones hechas en diversos medios, Santamaría afirmó que era una posición de gremio y está destinada a poner en claro la necesidad de que todos los colombianos hagan un esfuerzo para superar las dificultades económicas que afronta el país: “En ANIF consideramos que el incremento del salario mínimo debe ser entre el 2% y 3%. Más allá de ese valor se pondría en riesgo la sostenibilidad de la recuperación económica, en particular la creación del empleo formal, altamente golpeado por la pandemia”.
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En concordancia con otros economistas del sector privado, Santamaría afirmó que las discusiones deben realizarse ‘desapasionadamente’ y por el ‘bien del país’:“Debe haber un balance justo entre la remuneración digna de los actuales trabajadores y la difícil situación por la que está pasando buena parte del empresariado del país”.
En plata blanca
Mientras las centrales obreras han tanteado el argumento de superar el millón de pesos neto, la propuesta de ANIF equivaldría a un aumento entre $17.556 a $26.600 pesos, que redondearía unos $900.000 pesos para el sueldo base que recibirían los colombianos en 2021.
El gobierno nacional autorizó por decreto un sueldo mínimo de $877.803 para la vigencia de 2020.
Gremios unidos en la mesa de negociación
ANIF está alineada con Fedesarrollo, que reveló su propuesta en la semana anterior. No muy distante de la cifra de la primera, un 2,5%, para el sueldo base.
Por el contrario, las centrales iniciaron noviembre proponiendo un incremento significativo: del 13,5% para que el mínimo avance de $980.657 a $1′000.000, incluyendo el subsidio de transporte de $120.000. Esto significaría un desembolso de $1′120.000 para los colombianos ubicados en este rango salarial.
Pero los gremios consideran que la propuesta no está ‘aterrizada’ con la realidad nacional.
Afirman que el país no está preparado para realizar un aumento de este tipo, aunque sea lo ideal. El argumento de fondo es que la capacidad económica de las patronales no estaría acorde con la crisis económica que generó la emergencia sanitaria causada por la covid-19.
Como árbitro, el gobierno nacional solo aguarda el inicio de las negociaciones. El ministro de trabajo Ángel Custodio Cabrera ha destacado la necesidad que los diálogos sean constructivos y lleguen a consensos entre las partes: “Estamos viviendo un momento muy difícil. Por eso, el escenario queda abierto para discutir y dialogar diferentes temas. La idea es escucharnos todos y buscar una salida para este país”.
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Si gremios y centrales no coinciden, será el gobierno, de nuevo, quien fije los topes que se implementarán a partir del 1 de enero de 2021.