Magistrados de la JEP cuestionaron el accionar del Estado durante el proceso de rendición de cuentas

En una audiencia citada por la Jurisdicción Especial para la Paz para analizar los resultados de las acciones y estrategias implementadas por el Estado para velar por la seguridad de excombatientes, entidades como la Fiscalía, la Defensoría del Pueblo, el Alto Comisionado para la Paz, el Ministerio de Defensa y la Unidad Nacional de Protección presentaron los avances, los cuales fueron cuestionados por los magistrados, quienes los consideraron insuficientes.

Giovanni Álvarez, director de la Unidad de Investigación y Acusación (UIA) de la JEP, al inicio de la diligencia, presentó el informe ‘Silenciando la verdad: Un diagnóstico de los patrones de violencia letal que afectan a los excombatientes de las Farc-EP en Colombia’. Según el documento, el asesinato de los excombatientes no solo se debe al narcotráfico, conflictos personales o formación de disidencias. También alertó que, si se mantiene la situación crítica y los atentados contra los firmantes de la paz, en diciembre de 2024 habrán asesinado a 1.600 excombatientes.

Asimismo, el director de la UIA explicó que el perfil de las víctimas corresponde a hombres mestizos entre los 25 y 44 años, sin pertenencia étnica, con bajos niveles de escolaridad y que tendieron a ocupar posiciones de la baja jerarquía en las Farc. También alertó que los firmantes del acuerdo que asumen roles de liderazgo son los más afectados. Asimismo, reveló que los asesinatos de excombatientes se presentan en 98 municipios y, 20 de ellos, concentran el 53% de los crímenes.

La vicefiscal general, Martha Vecerra, aseguró, según El Espectador, que se ha avanzado en 135 de las 280 denuncias por afectaciones a exFarc y sus familiares. También señaló que se han dado 33 sentencias condenatorias y hay más de 20 casos en juicio. Además, se han llevado a cabo 12 sentencias condenatorios por el delito de amenaza contra excombatientes. Los magistrados cuestionaron que, pese a las denuncias presentadas con anterioridad por los firmantes amenazados, el nivel de esclarecimiento de los hechos no es mayor a los casos que no presentaron ninguna acusación.

Si bien la Fiscalía debería adelanta procesos y estrategias en materia de prevención para evitar la continuación de los asesinatos, la vicefiscal explicó que, en Colombia las funciones de la entidad no son preventivas. Incluso denunció que los esquemas de seguridad y las acciones de la Unidad Nacional de Protección no son lo suficientemente rápidos ante riesgos inminentes, señaló El Espectador.

La Comisión Nacional de Garantías de Seguridad (CNGS), en cabeza del Alto Comisionado Miguel Ceballos, aseguró que el objetivo de la entidad no es proteger a los excombatientes, pues sus acciones se centran en acabar con los grupos armados ilegales. Pese a asegurar que no hay un correcto lineamiento jurídico para saber cuáles son las estructuras sucesoras del paramilitarismo, uno de los magistrados, señaló El Espectador, refutó dicha afirmación e indicó que estas organizaciones son producto del fallido proceso de paz del expresidente Uribe. Además, los magistrados cuestionaron que, luego de cuatro años, la Comisión no haya adelantado ningún plan de acción y no haya adelantado las reuniones necesarias con protectores de los Derechos Humanos.

Los desplazamientos masivos de excombatientes fueron el punto central de los cuestionamientos contra el consejero para la Estabilización, Emilio Archila, pues los magistrados aseguraron que el Estado no garantiza su seguridad. Archila también argumentó que el gobierno nacional tenía contemplado el traslado de algunos grupos de firmantes de los acuerdos y, por ello, hizo el debido acompañamiento. Asimismo, aseguró que se han llevado a cabo 191 casos de reubicación y se han atendido las amenazas. Por su parte, el magistrado Gustavo Salazar cuestionó estos procesos de reubicación, ya que, consideró, son casos de desplazamiento forzado que reiteran la ineficiencia de las estrategias tomadas por la entidad.

La Unidad Nacional de Protección detalló que ha estado trabajando en la contratación de hombres y mujeres para fortalecer los esquemas de seguridad. También ha fortalecido el número de analistas que desarrollan estrategias para la protección de los excombatientes. Sin embargo, la magistratura aseguró que no se tomaron medidas antes de que la JEP interviniera, pues, pese a que la entidad estaba desbordada, no hubo modificación y aumento de la planta.

Durante la diligencia el representante del partido Farc, Pastor Alape, hizo un llamado a al gobierno del presidente Iván Duque para el cese a la estigmatización contra los firmantes. También, señaló RCN Radio, Alape aseguró que el plan de acción de Paz con Legalidad es contrario a los objetivos propuestos en el Acuerdo de Paz y afecta a los excombatientes y los procesos de liderazgo que se vienen implementando en el país.

A su vez, el ministro de Hacienda, Alberto Carrasquilla, señaló que el gobierno destinó $31,4 billones del presupuesto aprobado por el Congreso de la República para darle atención a las necesidades de entidades relacionadas con el Acuerdo de Paz. También explicó que se destinaron $158.000 millones para la Unidad Nacional de Protección y que este presupuesto aumentó $16.000 millones para el próximo año.

La Defensoría del Pueblo resaltó la emisión de 192 alertas tempranas, 32 de estas, según El Tiempo, coinciden con territorios priorizados por la JEP. Ricardo Arias, defensor delegado de la entidad, aseguró que se han identificado distintos escenarios de riesgo para los excombatientes, lo que ha permitido adoptar nuevas medidas de seguridad para proteger a los excombatientes “dentro y fuera de los espacios territoriales y las nuevas áreas de reincorporación”, señaló el medio.

La diligencia permitió entender “el fenómeno y las actuaciones del Estado para tratar de contener los crímenes contra los comparecientes del Sistema Integral de Verdad, Justicia, Reparación y No Repetición”, señaló el comunicado de la JEP. También, durante la sesión, se plantearon nuevas estrategias y procedimientos para fortalecer las medidas de protección de los excombatientes.