Este 25 de noviembre, la Jurisdicción Especial para la Paz -JEP- llevó a cabo la audiencia pública por los asesinatos contra los excombatientes de las Farc-EP. A la cita fueron convocados varios funcionarios del Gobierno Nacional así como miembros del ahora partido político Farc.
Allí tuvo la oportunidad de entregar su versión la senadora Victoria Sandino, quien aprovechó estar ante el tribunal de paz para lanzar fuertes señalamientos contra el exfiscal General Néstor Humberto Martínez por el tema de los audios que reveló El Espectador sobre el caso de Jesús Santrich.
“En los últimos días se conoció por medios, informes que daban cuenta del intento de entrampamiento que había preparado el exfiscal (Martínez) contra varios de los negociadores en La Habana, lo que constituyó un ataque gravísimo al Acuerdo Final de Paz”, dijo Sandino.
Así mismo, la senadora de las Farc subarayó: “Es absolutamente grave que se haya utilizado una institución del calado de la Fiscalía para atentar en contra de la paz, aún más cuando este es el ente encargado de investigar los crímenes que se cometen en contra de las y los exguerrilleros”.
El discurso de Sandino ante la JEP
“El día de ayer 24 de noviembre del 2020 se cumplieron 4 años de la firma del Acuerdo de Paz y desafortunadamente, en lugar de ser una fecha en la que deberíamos celebrar el avance y la consolidación de la paz, estamos llevando a cabo esta diligencia nacional por los asesinatos y la persecución que existe en contra de quienes dejamos las armas. Justo anoche en medio de un debate de control político al gobierno nacional por el asesinato a líderes/lideresas y a las y los exguerrilleros, asesinaron en ese momento a nuestra compañera Paola Andrea Osorio, cerca a Quibdó, vísperas al día internacional de la eliminación de las violencias contra las mujeres.
Lo que viene sucediendo con nosotros y nosotras es extremadamente grave, cada semana se registran entre uno y dos asesinatos en contra nuestra colectividad sin que el Estado reaccione de manera efectiva. Los y las firmantes de paz nos venimos enfrentando a un gran arco de violencias que no se limita única y exclusivamente a los asesinatos. Desafortunadamente estamos asistiendo a un continuum de victimización que no termina con la aniquilación física.
Durante todo el ciclo de conversaciones en La Habana y después de firmado el Acuerdo Final de Paz ha existido un sector político y social que lejos de modular su lenguaje y trasladarlo a un contexto de superación de la guerra ha exacerbado sus pronunciamientos generando un ambiente hostil no solo para los excombatientes sino también para todo lo que se relacione con El Acuerdo Final de Paz. En el marco de las victimizaciones que sufrimos las y los excombatientes de las antiguas FARC-EP, el señalamiento y la macartización juegan un papel muy importante pues alimentan la comisión de delitos en nuestra contra y legitiman la violación sistemática a nuestros derechos fundamentales.
Sobre nosotros y nosotras se ha tratado de instalar en la opinión pública que no estamos cumpliendo con lo pactado aún cuando más del 95% de los firmantes continuamos en el proceso. Estos pronunciamientos son reiterados y se han convertido en una política, escuchamos que a diario arremeten en contra nuestra, altos funcionarios y miembros del partido de gobierno, generando así un ambiente propicio para todo tipo de violaciones a nuestros Derechos Humanos.
Como mujer y feminista, debo decir que las mujeres exguerrilleras sufrimos esta situación de una manera particular, la estigmatización ha generado procesos de “re-clandestinización” y por ende de invisibilización y violencia política. Los señalamientos que se nos hacen a las mujeres están estrechamente ligados con el género, se viene instalando la matriz que todas fuimos “esclavas sexuales” de los comandantes guerrilleros, o que simplemente no tenemos capacidades ni agencia, esto ha propiciado la anulación de nuestras voces y de nuestra actoría política.
Nos preocupa sobremanera que frente a estas prácticas es poco lo que se ha avanzado, actualmente existe el “Programa de Reconciliación, Convivencia y Prevención de la estigmatización”, pero este no funciona como debería; mientras tanto, desde las altas instancias del gobierno se sigue profundizando en discursos que nos ponen en peligro y que pierden de vista el deber de proteger la vida de todas y todos, y lo que se presenta aquí es una omisión de sus deberes”.