Durante el acto de presentación de la Estrategia de Fortalecimiento de los Servicios para la Primera Infancia ‘Betto’, por parte de la Presidencia de la República y el Instituto de Bienestar Familiar (ICBF), el Fiscal General, Francisco Barbosa, expuso cuál es la dirección investigativa ya definida para garantizar la protección de niños, niñas y adolescentes.
Una de las estrategias hace referencia a la priorización de los delitos contra menores de edad en el Direccionamiento Estratégico 2020-2024. Esto permitirá esclarecer las conductas que afectan su integridad y formación sexual y perseguir a las estructuras criminales que los instrumentalizan para propósitos ilícitos. Por ello, los fiscales que enfrentan los casos en las distintas regiones del país son asesorados por la Delegada para la Seguridad Ciudadana.
Asimismo, actualmente se organizan mesas de trabajo para entender los contextos de violencia y verificar el cumplimiento de las medidas de atención, protección y restablecimiento de derechos. Estos trabajos se adelantan en conjunto con las direcciones seccionales y el Grupo de Trabajo Nacional para el Fortalecimiento de la Investigación y Judicialización de la Violencia Sexual en contra de Niños, Niñas y Adolescentes.
El acompañamiento a las regiones permite identificar a tiempo situaciones de riesgo y casos de reincidencia, señaló el Fiscal General. También aseguró que el trabajo de la Fiscalía, la Policía Nacional, el CTI y el Ejército ha permitido desmantelar estructuras que atentan contra la integridad y vulnerabilidad de menores de edad.
Las capturas por delitos sexuales contra niños, niñas y adolescentes ascendieron a 121 en agosto y 80 en octubre, indicó el fiscal. Además, la gran mayoría de los detenidos han sido juzgados con medida de aseguramiento en centro carcelario.
Convenios con el ICBF y el Ministerio de Salud son cruciales para desarrollar acciones inmediatas en la atención oportunidad de las víctimas y fortalecen la obtención de elementos para los procesos investigativos. Por ello, el fiscal explicó que la suma de estas estrategias ha permitido el traslado de 1.363 casos de acusación ante los jueces. Asimismo, el ente acusador está implementando políticas para mejorar el acceso a la justicia de los menores con enfoque diferencial y de género para atender los hechos urgentes con atención preferencial.
El panorama de abuso contra menores de edad, en 2020, no ha cambiado en relación con 2019, pues según Blu Radio, el año pasado se presentaron 13.870 casos, 30 de ellos fueron terminados anticipadamente, otros 1.561 llegaron a etapa de juicio y 249 más están en proceso de ejecución de penas. Es decir, solo en el 13% de los casos se presentaron avances significativos. En 2020, de los 6.988 procesos, ocho terminaron anticipadamente, 262 llegaron a juicio y 12 a ejecución de penas. Es decir que solo el 4% terminaron o están en proceso de hacerlo.