El exministro de Agricultura, Andrés Felipe Arias, que está condenado por celebración de contratos sin el cumplimiento de los requisitos legales, logró que se aceptara la revisión de su caso, al ganar una tutela para pedir una decisión en segunda instancia. Sin embargo, esta decisión también dio pie a que muchas otras condenas pudieran ser revisadas, por petición de quienes piensan que se debe tomar una decisión final en sus casos, entre ellos están algunos condenados por escándalos como el carrusel de la contratación, la Yidispolítica y la parapolítica.
Aunque la tutela de Arias solo aplica en su caso, dejó abierta la puerta para que otros enviaran la propia, hasta que la Sala Penal de la Corte Suprema permitió que se extendiera la garantía de revisión a otros casos similares al del político. Pero puso condiciones.
Según El Tiempo, la sala dijo que debían haber sido condenados por primera vez en un fallo de segunda instancia o de casación y que la condena se tuvo que haber emitido entre el 30 de enero del 2014 y el 17 de enero del 2018. La primera es la fecha a partir de la cual la Corte Interamericana de Derechos Humanos obligó a Colombia a garantizar la impugnación de condenas y la fecha de cierre es cuando empezó a regir la ley de doble instancia para aforados.
Según el diario, la Corte recibió 137 impugnaciones, de las cuales revisará 84, porque las otras no cumplieron con los requisitos. Entre esas estuvo la del exgobernador de Sucre, Álvaro Alfonso García Romero, condenado el 23 de febrero de 2010 a 40 años por parapolítica y la masacre de Macayepo. De los 84 casos, 22 son de funcionarios condenados en única instancia y el resto son ciudadanos que fueron condenados por primera vez en segunda decisión.
De los más conocidos y que impugnaron sus condenas hasta el pasado 20 de noviembre, fecha tope en la Corte, fueron el exministro de Protección Social, Diego Palacios Betancourt y Sabas Pretelt de la Vega, ex jefe de la Cartera del Interior en el gobierno de Álvaro Uribe. Ambos condenados por le Yidispolítica, escándalo en el que se comprobaron pago de coimas para votar en el Congreso la reelección del expresidente.
Por las chuzadas, relata El Tiempo, está la exdirector del DAS, María del Pilar Hurtado y el exsecretario a la presidencia, Bernardo Moreno Villegas que tienen condenas por 14 y 8 años de prisión, respectivamente.
También lo hizo el exdirector del DAS y el exsenador Iván Moreno Rojas, hermano del exalcalde de Bogotá, Samuel Moreno, responsables por el Carrusel de la Contratación de la capital.
El Tiempo explica que en estos casos, se les da 15 días a los condenados para sustentar sus argumentos y, luego, se les asigna asigna a un magistrado de la Sala Penal; este, a su vez, deberá conformar una sala de revisión especial para evaluar el caso con otros dos magistrados. Incluso un magistrado que consultó el diario afirmó que cada revisión tomará caminos diferentes, porque unos piden modificar el volumen de la pena o tumbar todo el caso. Al parecer, cada magistrado tiene 30 días para tomar una decisión, pero es muy probable que no se respeten esos tiempos.