Masacres, disidencia y ataques políticos: el escenario del Acuerdo de Paz entre el Gobierno y la Farc a cuatro años de su entrada en vigor

La firma fue en el Teatro de Cristóbal Colón en la tarde del 24 de noviembre de 2016. El jefe de las Farc-EP, Rodrigo Londoño, ‘Timochenko’, y el presidente Juan Manuel Santos, rubricaron los Acuerdos de Paz que cumplen cuatro años en un momento de tensiones sociales entre defensores y opositores, en un país tan o más polarizado que el de aquel momento.

Para la historia queda constancia de que llegar a ese momento no fue fácil. En un plebiscito, el ‘Sí’ fue derrotado por el ‘No’ en una campaña electoral en la que partidos de derecha utilizaron “todas las formas de lucha” para incidir en un electorado que, a pesar de la ingente publicidad gubernamental, no estaba convencido de la bondad de las propuestas construidas entre voceros del gobierno y delegados de la guerrilla durante años de diálogo en La Habana.

La vuelta a la casilla inicial significó para el gobierno de Santos conversar con el líder de la oposición, además de mentor político, Álvaro Uribe Vélez, quien sirvió como altavoz para una serie de demandas que, afirmaba él, “no habían sido tenido en cuenta en los diálogos de La Habana”.

Estas modificaciones fueron discutidas en mesas de diálogo entre Colombia y Cuba, en tiempo exprés para cumplir con el cronograma acordado entre las partes.

Pese al entusiasmo inicial de sectores vinculados con el activismo político y la defensa de los Derechos Humanos, a cuatro años de ese 24 de noviembre, el escenario de la implementación no da pie al optimismo: masacres de líderes sociales, disidencias en abierto conflicto por los territorios, ataques políticos a la JEP y la verdad a cuentagotas de los líderes, son noticias en un país que olvida que muchos de estos excombatientes hoy en día son ciudadanos de a pie que buscan hacerse a un campo en la legalidad.

En Infobae Colombia reseñamos los cuatro ángulos de los Acuerdos de Paz que mueven a la opinión pública.

Masacres de líderes sociales

Ni siquiera la pandemia ha frenado la espiral de violencia contra reintegrados en los territorios. De acuerdo con Indepaz, en Colombia se han presentado 76 masacres en 19 de los 32 departamentos del país, contabilizando 303 personas asesinadas en 2020.

Los departamentos con mayor número de masacres son Antioquia (18), le siguen Cauca (12), Nariño (9) y Norte de Santander con (6). En septiembre fue el ‘pico’ de masacres, con más de 10 en el país, mientras noviembre sumó 6 en 23 días.

La lista de muertos no deja de incrementarse: en 24 horas fueron asesinados dos maestros, en Cauca y Risaralda, y en las últimas horas murió otro líder social, de nuevo en Cauca.

Al parecer, las masacres no tienen techo: la indolencia de una parte de la población con respecto a los hechos de violencia es significativa mientras Defensa y Gobierno utilizan términos como “Homicidios selectivos” o “ajustes de cuentas” entre disidencias y bacrim para explicar lo que ocurre más allá de las fronteras de Bogotá.

El auge de las disidencias

Luego de la salida de los territorios para la reincorporación del contingente de 12.000 guerrilleros que se acogieron a los Acuerdos, han proliferado conflictos por éstos entre las disidencias de la exguerrilla, carteles del narcotráfico colombo-mexicano y delincuencia organizada.

La premisa de estos conflictos es retomar grandes extensiones de tierra para monetizarlas en la industria ilícita del narcotráfico: laboratorios, rutas, cultivos.

A este panorama se agrega la presión del gobierno norteamericano para la reactivación de la aspersión aérea, bien vista por Defensa y planeada para 2021, como herramienta eficaz en la lucha contra el tráfico ilegal de sustancias ilícitas.

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Este mecanismo pondrían en riesgo la sustitución voluntaria de cultivos ilícitos, cuya meta de 130.000 hectáreas para 2020, 30.000 más que en 2019, ha sido afectada por la contingencia del coronavirus.

Ataques a la JEP

Ideado como un tribunal que vela por la Verdad, Justicia y Reparación, para las víctimas del conflicto armado, la JEP (Justicia Especial para la Paz) es considerado por partidos de oposición como un aliado de la guerrilla.

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Sin embargo, la JEP ha realizado acciones orientadas a esclarecer la verdad de lo que ocurrió durante 50 años de conflicto armado interno.

Junto con la Fiscalía General de la Nación, ha ordenado exhumar cuerpos de diferentes zonas de conflicto, para determinar si fueron o no víctimas de actores armados.

Especialmente significativo ha sido su obrar en Dabeiba, que le significó un enfrentamiento con el alcalde de Medellín y la Junta directiva de Empresas Públicas de Medellín. En dicha exhumación, el tribunal reconoció cinco víctimas del conflicto armado.

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Así mismo ha realizado encuentros públicos entre excombatientes y víctimas para gestionar la verdad y la solicitud de perdón entre partes.

También ha citado a rendir versiones libres a exguerrilleros, militares y actores del conflicto, con el objeto de esclarecer responsabilidades que tiendan a construir un relato lo más fidedigno posible del conflicto armado.

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Las verdades pendientes de los líderes exguerrilleros

Pese a confesar en asuntos de interés nacional, como el magnicidio de Gómez Hurtado o la presencia de niños en sus escuadrones, el camino para la verdad sigue mostrándose espinoso para los líderes de la antigua guerrilla.

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Asuntos como las rutas del narcotráfico, los vínculos con carteles y el combate por el poder al interior de la organización, están en veremos, mientras éstos deben responder ante la opinión púbica por la huida de Santrich o los vínculos que, en apariencia, tienen con las disidencias del sur del país, además de escándalos relacionados con caletas y dinero en apariencia producto del narcotráfico.