Más de 3.000 muertos dejó en Cundinamarca el paramilitarismo

El Centro Nacional de Memoria Histórica presentó el informe “Autodefensas de Cundinamarca. Olvido estatal y violencia paramilitar en las provincias de Rionegro y Bajo Magdalena”, que recoge 3.203 homicidios, 767 víctimas de desplazamiento y 147 desapariciones forzadas cometidas por el grupo ilegal, así como 93 testimonios de exmiembros de la organización.

Según el informe, sus primeros vestigios se vivieron a finales de la década de los 70 de la mano de Gonzalo Rodríguez Gacha alias El Mejicano y desde los 90 hasta su desmovilización, en 2004, las comandó Luis Eduardo Cifuentes, alias El Águila.

Una de las víctimas del grupo paramilitar fue María Doris Anzola, habitante de Yacopí (Cundinamarca), quien estuvo al borde de ser asesinada por buscar el cuerpo de su hermano.

“Hace 30 años me mataron un hermano, tenía 20 añitos, me lo mataron, fue el único cadáver que se encontró en la época de 30 años, ya lo habían enterrado cuando lo encontré, el pueblo lo volví al revés con tal de encontrar a mi hermano y mostrar quiénes habían sido. Me iban a matar, me llevaron a la brigada, duré un tiempo, 6 meses en la brigada, me estaban protegiendo para que no me mataran”, expresó Anzola, durante la presentación telemática del informe.

Anzola agradeció al Centro Nacional de Memoria Histórica el tener en cuenta a las víctimas, porque siempre el centro de los procesos son los victimarios y aprovechó para preguntar al Gobierno qué pasa con las ayudas a las víctima: “Cuáles son las ayudas del Gobierno para las víctimas de Yacopí? Esta es una región olvidada, yo no he recibido cien pesos del Gobierno, cuáles son las ayudas qué dicen que hay para las víctimas”.

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Para los investigadores que adelantaron el informe, el accionar paramilitar de las Autodefensas en ese departamento quebró profundamente el tejido social y dejó en el aire un ambiente de estigmatización a los liderazgos comunitarios.

“Encontramos una pérdida del liderazgo social, una pérdida de la organización social, una estigmatización de la organización social como si la organización social fuera un referente del enemigo, como si organizarse socialmente fuera un tema más propio de grupos armados ilegales de extrema izquierda”, indicó León Rodríguez, investigador del Centro de Memoria Histórica.

Además, dentro del informe también se indica que la incursión del narcotráfico afectó también la cultura campesina del territorio, porque los pobladores veían cómo el negocio de la droga era más rentable que los cultivos legales.

Este informe, que provienen principalmente de los municipios de Yacopí, La Palma, Caparrapí, Puerto Salgar, Topaipí, El Peñón y Bogotá, es el No. 7 de la serie “Origen y actuación de las agrupaciones paramilitares en las regiones”.

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